Acudimos a fuentes históricas y doctrinales para proveer de algunos elementos de juicio respecto a la necesidad de mantener o eliminar el Tribunal Constitucional en el país (lo de “Plurinacional” no es más que una alegoría fraudulenta).
Asunto cuestionado en el mundo desde tiempos pasados, es el de la jurisdicción constitucional; específicamente, la existencia de un ente con capacidad de depurar las normas que contravengan lo predispuesto por la Constitución, surgiendo dilemas sobre quién podría cumplir tal función.
En nuestro criterio, este dilema emergió desde un principio, una vez que en la Francia revolucionaria, Emmanuel Sieyés en 1791 propusiera por primera vez la creación del “Jurado Constitucional”, encargado de revisar y sancionar las infracciones a la Constitución, dirigiendo tal control especialmente sobre el poder legislativo.
En ese tiempo la Revolución desconfiaba del poder judicial, entendiendo que aún respondía a la monarquía y al dirigir Sieyes el control constitucional especialmente sobre el poder legislativo, poder en el que la Revolución confiaba, la propuesta del “Jurado Constitucional” fue rechazada y en todo caso fue el poder legislativo el que ejerció el control para el cumplimiento de la Constitución.
Como se ve, el control de constitucionalidad nació con esencia ideológica-política.
En todo caso, este “Jurado Constitucional” es el primer antecedente para la creación de los posteriores tribunales constitucionales en el mundo. En el Derecho Romano no existió jurado de esta especie.
Conceptualmente, la “jurisdicción constitucional” se refiere a los órganos encargados de poner en marcha los procedimientos que garanticen la supremacía de la Constitución (tribunal constitucional, corte suprema de justicia, juzgados, etc., según cada país).
La jurisdicción constitucional representa un dilema en cuanto en qué sección estatal deba radicar, la naturaleza de su real competencia, cómo pueda estar estructurada y tantos aspectos más.
Por una parte, puede haber garantía jurisdiccional de la Constitución sin que exista un órgano jurisdiccional específico para ello (jurisdicción difusa), como cuando, por ejemplo, radicaba antes en la Corte Suprema de Justicia en Bolivia.
Por otra se tiene a la jurisdicción constitucional especializada (concentrada), específicamente tribunales o cortes constitucionales, aparecida a principiando del Siglo XX en algunos países desarrollados, con el impulso de las ideas del austriaco Hans Kelsen y tan criticadas por el alemán Carl Schmitt. La discrepancia entre ambos personajes la describiremos en artículos siguientes.
En nuestro país, esta jurisdicción en realidad es híbrida, mezcla de la presunta jurisdicción constitucional concentrada con la justicia ordinaria.
En Bolivia esta frustrada jurisdicción funciona mal desde su inicio mismo, debido no solo a su natural esencia política y disfraz jurídico, –que es ya decir mucho– sino a la inexistencia de una robusta praxis institucional, emergiendo así el dilema de saber si un tribunal constitucional manipulable por el poder pueda ejercer verdadero control constitucional o debiera acudirse a otro tipo de sistema contralor.
Continuaremos en siguientes artículos.
El autor es jurista.