Dos influyentes hermanos políticos brasileños fueron condenados por el Tribunal Supremo de Brasil por ordenar el asesinato de Marielle Franco, concejala de la ciudad de Río de Janeiro, hace casi ocho años.
John Francisco Ignacio Brazão, el excongresista conocido como Chiquinho, y el exasesor del Tribunal de Cuentas de Río Domingos Ignacio Brazão fueron condenados a 76 años y tres meses de prisión por los asesinatos de Franco, de 38 años, y su conductor, Anderson Gomes, de 39.
El crimen fue uno de los asesinatos más impactantes y de mayor perfil en la historia de Río y atrajo la atención internacional: Franco, una mujer negra homosexual, era una estrella política en ascenso y una crítica abierta de la violencia y la corrupción policial.
La decisión de los jueces fue unánime y los hermanos Brazão también fueron condenados por el intento de asesinato de Fernanda Chaves, entonces jefa de prensa de Franco, que estaba en el coche y sobrevivió.
El caso también es visto por expertos en seguridad y activistas de derechos humanos como un ejemplo escalofriante de cómo los vínculos entre la política, el crimen y la policía están profundamente arraigados en Río, llegando incluso a los niveles más altos de la administración pública.
La hermana de Franco, Anielle Franco, escribió en redes sociales: «Fueron ocho años de lucha para descubrir quién ordenó el asesinato de Marielle y por qué. Fueron ocho años de lucha por justicia plena».
“Hoy la justicia brasileña honró la memoria de Marielle y Anderson. Brasil inicia un nuevo capítulo histórico en la lucha contra la violencia política basada en el género y la raza. La impunidad no puede ser parte de nuestra democracia”, agregó Anielle, ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Al anunciar su voto, la ministra Carmen Lucía sostuvo que el proceso había sido “muy doloroso” para ella.
“La justicia humana no es capaz de calmar este dolor. Este juicio es solo un testimonio tímido, casi avergonzado, de mi parte sobre la respuesta que la ley puede ofrecer ante el dolor desgarrador y atroz que se refleja en los rostros de la madre, la hija, el hijo y las viudas”, agregó Lucía, refiriéndose a los familiares de Franco y Gomes, presentes en la sala.
El largo viaje de casi una década para conseguir las condenas estuvo marcado por una tortuosa serie de giros que incluyeron la destrucción de pruebas, frecuentes cambios en los investigadores principales e incluso la revelación de que el entonces jefe de la división de homicidios, Rivaldo Barbosa, trabajó activamente para obstruir la investigación.
Barbosa no fue condenado por asesinato ayer, ya que los jueces encontraron que no había pruebas suficientes de que hubiera participado en los asesinatos, pero fue declarado culpable de los cargos menores de obstrucción a la justicia y corrupción por haber recibido sobornos de los hermanos Brazão.
El caso fue juzgado por la Corte Suprema porque Chiquinho era congresista cuando se descubrió su participación. Las condenas se produjeron más de un año después de que un tribunal de Río condenara a dos expolicías responsables de los asesinatos.
Ronnie Lessa, quien disparó en el tiroteo desde un automóvil en movimiento, y Élcio de Queiroz, quien conducía el auto de escape, fueron sentenciados en octubre de 2024 a décadas de prisión, pero sus sentencias se redujeron a un máximo de 30 años después de que confesaron y cooperaron con los investigadores.
Lessa, considerado uno de los sicarios más despiadados de Río, sostuvo que había sido contratado por los hermanos Brazão, acusados durante mucho tiempo de estar involucrados con grupos mafiosos paramilitares conocidos como milicias, para matar a Franco después de sentirse frustrado por sus esfuerzos por interrumpir lucrativos planes de desarrollo inmobiliario.
“Marielle Franco se convirtió en un obstáculo muy significativo para los intereses económicos y políticos de quienes ordenaron el crimen”, afirmó el relator, el juez Alexandre de Moraes.
Una de las actividades más rentables de la milicia liderada por los hermanos Brazão fue la ocupación ilegal de tierras, muchas de ellas en áreas ambientalmente protegidas, seguida del desarrollo inmobiliario y la prestación de servicios como electricidad e internet.
Franco, quien en ese momento servía junto a Chiquinho en el consejo municipal de Río, era un firme defensor del derecho a la vivienda y con frecuencia advertía a los residentes que no se unieran a nuevos proyectos ilegales creados por la milicia.
“Marielle Franco era una mujer negra y pobre que se enfrentaba a los intereses de los milicianos”, afirmó Moraes. “¿Qué mensaje más contundente podrían enviar? En la mente misógina y prejuiciosa de quienes ordenaron y ejecutaron el asesinato, ¿a quién le importaría esto (su asesinato)?”
Los abogados de los hermanos Brazão centraron su defensa en intentar desacreditar la confesión de Lessa, argumentando que no existían otras pruebas de su participación en los crímenes. Sin embargo, todos los jueces coincidieron en que, más allá del testimonio, existían abundantes pruebas que respaldaban sus condenas.
Dos expolicías también fueron condenados: Ronald Paulo de Alves Pereira, por monitorear la rutina de Franco en los días previos al crimen; y Robson Calixto Fonseca, conocido como El Pez, quien responderá sólo por organización criminal armada por haber entregado el arma homicida a Lessa.
Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil, sostuvo que las condenas eran “un hito fundamental, una oportunidad de pasar página en la historia de Río y de Brasil”.
En primer lugar, porque reafirma la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos. Luchar por los derechos no puede costar vidas… En segundo lugar, esta decisión también marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad, para que crímenes como este no se repitan”, afirmó.(The Guardian)