En teoría constitucional, el Banco Central de Bolivia (BCB) es el guardián de la estabilidad de la moneda, el “árbitro” que impide al gobierno imprimir billetes sin respaldo para pagar su gasto político. Sin embargo, en la realidad boliviana de 2026, esa autonomía es una ficción jurídica. Hoy no tenemos un ente emisor independiente, sino una simple tesorería subordinada al Ministerio de Economía; una distorsión que no nació con la actual administración, sino que es la herencia envenenada de dos décadas de manejo irresponsable.
El Artículo 327 de la Constitución define al BCB como una institución pública con patrimonio propio, cuya función esencial es mantener la estabilidad del poder adquisitivo. Jurídicamente, esto implica una prohibición implícita: el BCB no puede ser el financista irrestricto del gasto público. Lamentablemente, esta muralla legal fue demolida sistemáticamente durante los 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Fue su modelo económico el que normalizó la aberración de usar las reservas de todos para financiar empresas estatales deficitarias. La actual gestión, atrapada en la inercia de un aparato estatal adicto a la emisión, no ha logrado cortar este cordón umbilical tóxico.
Es imperativo señalar a los responsables. El desmantelamiento institucional del BCB fue política de Estado del masismo. Con la excusa de la “soberanía”, perforaron la Ley 1670 para otorgar créditos millonarios a elefantes blancos como ENDE o YLB, fondos que jamás retornaron. El MAS legó una estructura normativa diseñada para el saqueo, institucionalizando el “interinato” para evitar el filtro del Senado y tener funcionarios sumisos que firman desembolsos a ciegas. Culpar solo al gobierno actual de la crisis es un análisis miope; pagamos la factura de una fiesta populista de veinte años, donde se gastaron los ahorros de la bonanza en gasto corriente.
El problema de fondo es institucional. La independencia del BCB es un contrapeso republicano vital. Cuando el Ejecutivo controla al Emisor, desaparece el límite al gasto. Hoy, el Directorio del BCB sigue operando bajo la lógica del régimen anterior: actúa como gabinete político, no como cuerpo técnico. Sus resoluciones, que autorizan el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para cubrir huecos fiscales, podrían ser objeto de procesos por conducta antieconómica.
La figura legal es clara: el BCB tiene prohibido financiar el déficit. No obstante, mediante las Leyes Financiales anuales, el MAS creó la trampa de la “excepción” permanente, que el gobierno actual no ha desactivado. La consecuencia de este BCB servil es la pérdida de confianza en la moneda nacional, percibida ahora como una variable política y no técnica.
Para entender la magnitud del error, basta mirar al vecino. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ofrece una lección necesaria. Mientras Bolivia gastaba en ideología, Perú blindó constitucionalmente a su ente emisor. Pese a su crónica inestabilidad política —con presidentes destituidos y congresos disueltos—, su Banco Central se mantuvo intocable. Gracias a esa independencia, Perú cuenta hoy con más de $80.000 millones en RIN y una moneda envidiable. La diferencia es brutal: en Perú, la economía se protege de la política; en Bolivia, la política saqueó la economía.
La crisis actual no es coyuntural; es la sentencia de un modelo que eliminó el control de legalidad sobre la emisión. Al destruir la separación entre el BCB y el Ministerio de Economía, el MAS dejó la moneda a la intemperie, y la administración actual no ha tenido el capital político para reconstruir ese refugio.
Bolivia enfrenta una encrucijada urgente. Administrar la herencia del MAS usando al BCB como “caja chica” es insostenible. Urge una reforma que blinde, con rango de ley inmodificable, la prohibición de financiar al sector público. Mientras no se desmonte la estructura de sumisión de las últimas dos décadas, no habrá política monetaria seria. El BCB debe volver a ser el “enemigo” del gasto irresponsable, tal como hizo Perú para alcanzar el desarrollo. De lo contrario, la Ley 1670 seguirá siendo letra muerta y la estabilidad económica, otra víctima del populismo.
El autor es abogado.