La Federación de Productores de Algodón (Fedepa) llevó ante el Legislativo pruebas de presunta malversación de fondos y negligencia administrativa durante la gestión de Luis Arce Catacora. El titular del sector, Jesús Arce, advirtió que el mal manejo del apoyo estatal ha detonado una crisis terminal que pone en riesgo la supervivencia de los cultivos en el país.
El sector algodonero boliviano se encuentra en estado crítico. Jesús Arce, presidente de la Fedepa, acudió este lunes ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz para denunciar presuntas irregularidades en la ejecución del Programa Nacional de Apoyo al Fortalecimiento de Algodones. Dicho plan, impulsado por el Decreto Supremo 4632, fue diseñado para reactivar el rubro entre 2022 y 2025; sin embargo, según el dirigente, los resultados distan de los objetivos trazados, profundizando la crisis que golpea a los productores.
La sostenibilidad del algodón boliviano enfrenta una crisis crítica. Según informes de la Fedepa, el programa sectorial —ejecutado con un capital de Bs 121 millones— evidencia serias irregularidades administrativas. Los indicios de ineficiencia técnica y el potencial perjuicio financiero al erario público sugieren una gestión que, lejos de impulsar al sector, ha comprometido su viabilidad a largo plazo.
El foco de las críticas recae sobre la planta desmotadora de algodón, una obra adjudicada por cerca de 37 millones de bolivianos. Aunque los registros oficiales presumen un avance físico del 65%, la realidad en el terreno es distinta, el proyecto permanece paralizado debido a una maraña de conflictos judiciales, según denunció Arce.
A pesar de los reportes oficiales, la realidad en el terreno es crítica. Inspecciones oculares realizadas por productores y especialistas del sector revelan que la ejecución física de la obra apenas alcanza el 30%. Esta cifra contrasta drásticamente con el avance financiero, que ya registra un 88% de desembolso. Este desfase técnico-económico sugiere un posible daño patrimonial que supera los Bs 15 millones, lo que deja en duda la viabilidad del proyecto.
La Federación de Productores, también denunció que el entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras —a través del IPDSA y el INIAF— omitió la ejecución de aproximadamente Bs 30 millones. Estos fondos, destinados originalmente al impulso de la producción y la apertura de mercados, habrían sido revertidos al Tesoro General debido a la incapacidad de gestión institucional.
El sector denunció, además, el uso discrecional de los recursos del programa para favorecer a grupos afines al oficialismo. Según los productores, se entregó maquinaria, insumos y agroquímicos a organizaciones ajenas a la cadena algodonera, desviando así el propósito original de los apoyos.
En su segundo eje de denuncia, Fedepa cuestionó la adquisición de 20 toneladas de algodón hidrófilo brasileño por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS). El reclamo surge debido a que la compra se concretó pese a la impugnación vigente presentada por la firma nacional Premier Protex SRL.
La reciente adquisición no solo desafía el marco legal vigente —contraviniendo la Constitución y la Ley de Fomento a la Adquisición Estatal— sino que asesta un golpe financiero al corazón de la producción local. Al menos cuatro empresas procesadoras se encuentran hoy en la indefensión, víctimas de una gestión que ignora el mandato de priorizar lo nacional. Lo más preocupante, sin embargo, es el silencio de las autoridades; la ausencia de procesos legales sugiere una preocupante omisión de funciones ante un daño económico ya consumado.
El tercer eje de la denuncia pone bajo la lupa el declive de la estatal Senatex. Se trata de la sombra de lo que alguna vez fue Ametex (American Textile), un gigante industrial que en su apogeo no solo sostenía a más de 4.000 familias, sino que inyectaba mensualmente 4 millones de dólares a la economía nacional mediante sus exportaciones.
Actualmente, el panorama de Senatex es crítico, la estatal arrastra una deuda superior a los Bs 320 millones que ya ha derivado en un patrimonio negativo y el cese de pagos en salarios y servicios básicos. A este asfixiante escenario financiero se suman disputas legales por la propiedad de sus plantas, configurando lo que Fedepa califica como un quebranto institucional con efectos devastadores para toda la cadena textil y algodonera del país.
La Fedepa lanzó una dura advertencia sobre la crisis que atraviesa el sector. Actualmente, 3.500 fardos de algodón permanecen almacenados sin mercado, un excedente que bloquea el acceso al financiamiento necesario para encarar la campaña agrícola 2026.
Jesús Arce, representante del sector, fue tajante sobre el futuro de la industria en Santa Cruz: “Si no se abren canales de comercialización, no se volverá a sembrar y el sector desaparecerá”. Según Arce, la crisis ha reducido drásticamente el gremio, dejando a solo 60 productores activos en la región.
