Bolivia enfrenta la imperiosa necesidad de implementar una política de Estado integral y frontal contra el narcotráfico, que trascienda el mero apoyo logístico de la DEA y aborde de manera estratégica la herencia de un narcoestado dejado por administraciones anteriores, según advierte el coronel Jorge Santistevan, reconocido experto en seguridad y defensa nacional.
El analista enfatiza que el país debe declarar abiertamente la guerra a las mafias enquistadas en enclaves geopolíticos clave, recuperar la soberanía territorial perdida ante organizaciones criminales internacionales y depurar de inmediato las instituciones policiales y militares para enfrentar una amenaza que combina narcotráfico, narcoterrorismo y economías paralelas que asfixian al Estado boliviano.
Santistevan precisa que el reciente acuerdo con la DEA de Estados Unidos se limita a asesoramiento, apoyo logístico y material para operaciones antidrogas, pero su efectividad depende exclusivamente de las prioridades que fije el Gobierno de Rodrigo Paz, el cual podría negociar requerimientos económicos para revitalizar la maltrecha economía nacional a cambio de resultados contundentes en la desarticulación de redes criminales.
“El objetivo político de Bolivia es levantar la economía del país y encaminarla hacia un desarrollo normal”, sostiene Santistevan, quien vincula esta meta con la estrategia regional de Washington, centrada en proteger a sus ciudadanos del narcoterrorismo mediante acuerdos similares ya firmados con Paraguay, Argentina y Perú, y ahora extendidos a Bolivia como bastión de refugio para grupos como el Clan de los Soles venezolano, el Tren de Aragua y cárteles mexicanos que han migrado masivamente a Sudamérica.
Desde la perspectiva geoestratégica de la seguridad nacional y regional, el experto detalla que Estados Unidos busca desbaratar y desorganizar estas organizaciones narcoterroristas, cuya migración hacia Bolivia responde a la presión ejercida por Washington en Venezuela y México.
Para el país andino, en cambio, la prioridad estratégica es recuperar la soberanía estatal y esos “territorios que son enclaves geopolíticos tomados por las mafias a la cabeza de Evo Morales”, afirma Santistevan, criticando la visión simplista de limitar la respuesta al apoyo DEA: “Eso es limitado pensar así; lo que se tiene que pensar es en objetivos de corto, mediano y largo alcance desde el punto de vista geoestratégico”.
El coronel describe a la DEA como un organismo policial que emplea tácticas combinadas de inteligencia militar y policial, ideal para objetivos de corto plazo como la captura de “peces gordos” vinculados al PCC, FARC, Tren de Aragua y otros grupos que, bajo presión externa, están emigrando sus cabezas intelectuales y operaciones a Bolivia.
Sin embargo, advierte que esto requerirá dos pilares fundamentales: el apoyo exclusivo de la DEA en la lucha antidrogas y, simultáneamente, el respaldo militar de fuerzas especiales estadounidenses para capacitar y conformar una Fuerza de Élite boliviana, altamente entrenada, capaz de desbaratar directamente a estas organizaciones criminales, realizar aprehensiones selectivas y desorganizar sus estructuras enraizadas en el territorio nacional.
Al respecto, el Gobierno anunció medidas severas contra el crimen organizado y el narcotráfico, recordando que el gobierno anterior –sucesor del primer periodo del Movimiento al Socialismo (MAS)– no solo omitió ejecutar acciones efectivas contra el crimen organizado, sino que permitió su expansión y una proliferación de territorios controlados por grupos dedicados a la producción de sustancias ilícitas, así como de otras actividades criminales.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, reiteró que la DEA y otras agencias antinarcóticos internacionales se encuentran operando desde principios de año en Bolivia, lo cual fortalecería la lucha estatal contra grupos que cada vez se expanden con mayor fuerza y controlan territorios dentro del país, desde donde operan sin posibilidad de acceso para las fuerzas del orden.
NARCOESTADO: LA HERENCIA DEL MAS
Santistevan pinta un panorama sombrío de la herencia recibida por el actual Gobierno: “Hoy el gobierno actual ha recibido como herencia a un narcoestado que significa que un gobierno tiene relación con los narcotraficantes y no los ataca, les permite hacer todo”. Define este escenario como un Estado en manos del narcotráfico, donde la economía paralela del crimen organizado genera violencia y corrupción rampante, expandiéndose como corporaciones internacionales con bases operativas consolidadas en Bolivia.
“Un gobierno que está en manos del narcotráfico y no hace nada en su contra, eso es un narcoestado, donde la economía paralela que tiene el Estado en su contra es la economía del narcotráfico, la violencia creada por los narcotraficantes y la corrupción. Ese es el Estado que recibió como herencia el actual gobierno”, apuntó Santistevan.
Ante esta base negativa, el Ejecutivo debe “despagarse” urgentemente, adoptar políticas coherentes, reconocer sus debilidades institucionales y solicitar ayuda internacional para equipar, entrenar y fortalecer unidades militares y policiales especializadas.
“DECLARAR LA GUERRA”
El desafío central, según el experto, radica en combatir el narcotráfico y el terrorismo con un enfoque inicialmente militar, declarando la guerra a estas organizaciones criminales para desarticularlas, capturar a sus líderes intelectuales y políticos comprometidos, y entregarlos a la Justicia sin miramientos.
Esto implica una serie de medidas inmediatas: una política exterior agresiva para obtener apoyo internacional, la depuración radical de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Bolivianas de resabios corruptos heredados de gestiones pasadas, y la conformación de equipos interinstitucionales de planificación para una ofensiva frontal.
“El gobierno actual no tiene que esperar que el país se organice, debe reaccionar oportunamente para implementar estas políticas”, insiste Santistevan, alertando sobre la inevitable reacción de las mafias, que utilizarán elementos infiltrados, información clandestina y creación de crisis para desestabilizar al país mientras se reorganizan las instituciones.
POCO TIEMPO
En su análisis exhaustivo, el coronel subraya la dificultad de iniciar esta batalla en poco tiempo, pero insiste en que no hay alternativa: limpiar las filas policiales y militares con los mejores elementos, reconstruir instituciones sólidas desde cero y avanzar con operativos combinados contra las cabezas intelectuales poderosas que han convertido a Bolivia en refugio seguro.
Solo así, argumenta, el Gobierno podrá superar el gran desafío de recuperar un Estado secuestrado por mafias políticas y narcotraficantes, restituyendo la soberanía y abriendo camino a un desarrollo económico sostenible en un contexto regional de creciente presión internacional contra el crimen organizado.

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