Ante una coyuntura marcada por el repudio de la población hacia medidas de presión radicales y el tratamiento de normas contra el bloqueo de caminos en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el presidente Rodrigo Paz recordó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución; sin embargo, quien ponga en riesgo la vida de un boliviano debe ser enviado a la cárcel.
Tras los actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de la masacre de la calle Harrington, el primer mandatario se refirió a la problemática de los bloqueos en el país y su efecto negativo en la economía y la seguridad de la población.
Según Paz, recientes anuncios relacionados a financiamiento externo en favor de Bolivia demuestran que organismos del mundo vuelven a confiar en el país, dejando en el pasado la imagen de “país bloqueador” que se tenía, hecho que debe ser motivación para dar señales de estabilidad y no de conflicto interno constante, como ocurrió en pasados gobiernos y movilizaciones sociales que paralizaban el aparato productivo casi regularmente.
“Todo el mundo tiene derecho a protestar, no se puede prohibir protestar. Lo que no podemos hacer es hacernos daño entre bolivianos, por eso debe haber una cultura de la confianza y del diálogo para que con la palabra podamos ir construyendo desde diferentes organizaciones el futuro y el destino de la patria”, dijo.
En ese contexto, el mandatario adelantó que su gobierno no permitirá más violencia en futuras movilizaciones, sobre todo de aquellos sectores caracterizados por usar artefactos explosivos en sus medidas de protesta, acto que pone en riesgo la integridad física y la vida de ciudadanos bolivianos.
“El que use cachorros de dinamita y ponga en riesgo la vida de un boliviano, se va ir a la cárcel. Todos tienen derecho a protestar y reclamar, eso es constitucional, lo que no se puede es poner en riesgo vidas (…) si se piensa diferente y por eso se usa dinamita para meter miedo al conjunto de la sociedad, eso no es correcto”, añadió.
Paz hizo énfasis en que el derecho a la protesta está plenamente garantizado por la Constitución y la normativa vigente, esto no implica hacer daño o amenazar a la gente como medida de presión para forzar alguna reivindicación.
“La próxima vez, y lo digo con mucha claridad, aquellos que usen cachorros de dinamita para hacer daño a otro boliviano, se irán a la cárcel, esto es como la corrupción porque se le hace daño a la patria”, finalizó.
Ayer, con el respaldo de más de dos tercios de sus miembros, la Cámara de Senadores determinó que el proyecto de ley planteado por la senadora Claudia Mallón para sancionar el bloqueo de caminos, sea remitido y tratado por una “Comisión Integrada”, según el procedimiento legislativo vigente.
La decisión se sustenta en el artículo 55 del Compendio Normativo de la Cámara de Senadores, que establece que, “a sugerencia de la presidenta o del presidente de la Cámara, dos o más comisiones podrán reunirse para tratar temas que por su importancia o urgencia necesiten del concurso de más de una comisión”.
El paso a comisión integrada permitirá que distintas comisiones analicen de manera conjunta el alcance, los efectos y los aspectos legales del proyecto, fortaleciendo el debate técnico y legislativo antes de su tratamiento en el Pleno.
Días atrás, la diputada oficialista Claudia Bilbao, había informado que actualmente existen tres proyectos de ley contra los bloqueos pendientes de tratamiento en instancias de la ALP, los cuales serán analizados próximamente.
“Los paceños hemos sido los más afectados; mineros han reventado nuestras calles sin pena alguna y nadie paga eso. Tenemos que ver y revisar los tres proyectos de ley contra los bloqueos que mandaron una senadora y dos diputados. Se revisarán, siempre en el marco de lo legal, todos pueden protestar, pero no afectar el derecho de otros”, aseguró.
Asimismo, señaló que la norma debe estar enfocada en evitar perjuicios a los bolivianos y respetar los derechos de la población. “Esta ley debe ser abordada bajo la perspectiva de no perjudicar al otro (…). Bolivia necesita seguridad jurídica para la inversión y estos bloqueos hacen que no quieran invertir en nuestro país”, añadió.
Otros criterios, adelantan apoyo a los proyectos de ley contra bloqueos, demandando “mano dura” para aquellos que expresen su protesta a través de medidas radicales como impedir el libre tránsito de la ciudadanía por territorio nacional.
“Hay que tener mano dura, le exijo al Gobierno, ahora, que tenga mano dura. Tenemos cosas que puede hacer el Ejecutivo: puede poner medidas para controlarlos a estos señores; ya no tienen que hacer lo que hacían antes, que paros y bloqueos para pedir una cosa, ya no”, manifestó la diputada Julieta Jiménez de la alianza Unidad.
Presidente del Estado afirma
“Quien ponga en riesgo la vida de bolivianos irá a la cárcel”
> Paz Pereira señaló que todos tienen derecho a protestar, lo que no se puede hacer es amenazar con provocar daños entre bolivianos. > Adelantan que el Gobierno no permitirá más violencia en futuras movilizaciones, sobre todo de aquellos sectores caracterizados por usar artefactos explosivos en sus medidas de protesta. > Una de las normativas presentadas ante la ALP para penalizar el bloqueo de caminos como medida de protesta, fue considerada por el pleno del Senado, determinando derivar su tratamiento a una “Comisión Integrada”.
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