Descartan que con una ley se pueda dejar sin efecto DS 5503

Tras el anuncio del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, respecto a la presentación de un proyecto de ley para dejar sin efecto los decretos 5503 y 5515, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, recordó que cada Poder del Estado cuenta con atribuciones y competencias. En el caso del Ejecutivo, le corresponde definir la política económica del país a través de decretos y ninguna ley puede legislar sobre competencias de otro Órgano.
En conferencia de prensa, la autoridad legislativa pidió conocer la propuesta normativa anunciada por el vicepresidente antes de emitir un criterio puntual al respecto; sin embargo, apuntó que se debe tomar en cuenta que ninguna ley emitida desde el Congreso puede vulnerar las atribuciones y competencias de otro Órgano del Estado, en este caso del Ejecutivo.
“Hay que ver que es lo que se propone, lo que hay que dejar claramente establecido es que existen competencias en cada Órgano del Estado. Nosotros no podemos legislar sobre competencias operativas del nivel Ejecutivo”, dijo.
En esa línea, Ávila explicó que el manejo de la política económica del país es una competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, y la ejerce a través de la emisión de decretos supremos con disposiciones para este fin.
“Si bien en el marco normativo esta primero la Constitución, luego están las leyes y posteriormente los decretos, con leyes del Parlamento, a no ser que haya una invasión de competencias, no se puede dar de baja un decreto. Hay un ejemplo claro que todos conocemos, el 21060 que no se pudo dar de baja con ninguna ley desde hace más de cuarenta años”, detalló.
Reiterando que será necesario conocer el contenido del proyecto normativo anunciado por el vicepresidente para dejar sin efecto algunos decretos emitidos por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, el titular del Senado precisó que, en el tema de competencias, es muy poco lo que se puede hacer a través de una ley.
“Si lo que han determinado los decretos del Ejecutivo son parte de sus competencias establecidas en la Constitución, no corresponde a una ley entrar a definir aspectos contrarios. El Poder Legislativo legisla sobre una normativa general del país, mientras que el Poder Ejecutivo tiene competencias en el ámbito referido a lo que es la implementación, entre otras cosas, de la política económica”, insistió.
Esta semana, destacando las movilizaciones de sectores que se oponen a las medidas dispuestas por el gobierno a través del Decreto Supremo 5503, además del rechazo de algunos legisladores de oposición a esta normativa, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, anunció la presentación de un proyecto de ley para dejar sin efecto los decretos 5503 y 5515.
Según Lara, era un hecho que la subvención a los hidrocarburos debía cortarse en algún momento, pero se cuestiona la forma y el momento en el que se procedió con esta medida, además de varios artículos observados por posible inconstitucionalidad.
“Pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea”, expresó la autoridad convocando a las bancadas de APB-Súmate, Libre y Alianza Popular a sumarse a su iniciativa.
Desde el oficialismo, la diputada Catherine Pinto afirmó que la propuesta del vicepresidente ya es innecesaria, tomando en cuenta que existe un importante avance en el dialogo y las negociaciones entre el gobierno central y los sectores que observan la vigencia de las normativas en cuestión.
“Es en el campo del dialogo donde se tiene que trabajar (…). Estamos viendo buena predisposición de los sectores sociales y del gobierno para lograr consensos, entonces yo creo que va ser innecesario, es buena la iniciativa, pero yo creo que ya es tarde”, sostuvo.
El Decreto Supremo 5503 entró en vigencia tras ser emitido por el Gobierno en diciembre de la gestión pasada, la parte de central de la norma dispone el fin de la subvención a los hidrocarburos, para garantizar la provisión de carburantes en territorio nacional, le acompañan una serie de medidas destinadas a aminorar el impacto de esta determinación en la población y otras disposiciones para reactivar la economía nacional.
“Si alguien considera que hay artículos inconstitucionales, hay procedimientos que están establecidos en la Constitución, a través de órgano que corresponda, para determinar si son o no constitucionales”, finalizó Ávila.