Cuando en 1953 se dictó, con gran optimismo, el decreto-ley de Reforma Agraria, el pueblo boliviano consideró que el problema estaba solucionado, porque los pongos y colonos ya eran propietarios de sus parcelas y había terminado el régimen del trabajo gratuito. También se pensó que los mercados se llenarían de productos de la tierra, que habría abundancia y precios baratos.
Pero pasado el tiempo, se produjo la contrarreforma agraria, con la que algunos gobiernos reformaron a su gusto esa medida y, en esa forma, se volvió anti campesina y antidemocrática. Así, las medidas reformistas, volvieron a poner a los campesinos en situación similar a la que había antes de 1953. En forma específica, se les quitó el derecho de propiedad sobre la tierra, al ser prohibida la venta de parcelas, así como se les quitó otros derechos económicos, para el trabajo de la tierra y la venta de sus productos.
Y en 2006 llegó al poder un indígena, Evo Morales Ayma, que ofreció resolver el problema agrario, pero, contrariamente, lo agravó. Es que los campesinos fueron sometidos al régimen feudal de producción y se les arrebató la tierra y fueron obligados a migrar a las ciudades o al exterior del país. Las medidas agrarias de Morales, llamado el “primer presidente indígena de Bolivia”, fueron antidemocráticas y antieconómicas, siendo elevadas a rango constitucional y están en plena vigencia, porque si bien ahora hay cambio de gobernantes, no sucede lo mismo con las estructuras dejadas por el caudillo de Orinoca.
Desde hace tiempo, está en el olvido la cuestión agraria boliviana y la ley de reforma agraria del 53 guarda sepultura piadosa. Nuevas disposiciones han echado tierra a esa disposición, sin que haya la esperanza de devolver a los campesinos el derecho de propiedad sobre la tierra y recuperar su independencia.
Ahora bien. El país cuenta con un nuevo gobierno que acusa a Morales de diversos delitos, pero no lo acusa de haber dictado medidas contra los campesinos, pese a ser él mismo, un campesino, Resulta difícil entender esa situación. El gobierno de Rodrigo Paz ofrece a diario mejoras económicas a la población, a la vez que critica las políticas del expresidente. Pero no se pronuncia acerca del problema agrario boliviano (que es muy grave) y deja que las cosas continúen como están.
El nuevo gobierno toca los problemas de la corrupción, los “elefantes blancos”, la subvención a los combustibles y otros, pero no se manifiesta sobre los indígenas. Al mismo tiempo, los ministerios del área enfocan los asuntos de la agricultura oriental, pero no se enfocan en la cuestión agraria del altiplano y los valles, donde vive alrededor del cincuenta por ciento de la ciudadanía de Bolivia.
Por ello es importante que el flamante gobierno tome cartas en el asunto y lo encare para resolverlo a la brevedad posible. La cuestión es engorrosa, pero no imposible de arreglar. Se requiere, sin duda, revisar las medidas anti campesinas que dictó Evo Morales en sus casi catorce años en el poder. La historia lo demanda.