Ante una posible agudización de conflictos sociales y la posición radical de algunos sectores movilizados contra la vigencia del Decreto Supremo 5503, la diputada por la alianza Libre, Lissa Claros, planteó que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo convoquen a un “diálogo nacional” que dé soluciones a la actual coyuntura y se garantice el respeto a la institucionalidad del Estado boliviano.
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