En poco más de un mes, el nuevo gobierno nacional dio señales claras de un cambio real en la política económica boliviana. Recientemente, los medios informaron que “empresas internacionales como Tesla, Amazon, Tether y otras firmas tecnológicas manifestaron interés en invertir en los primeros centros de datos proyectados en El Alto y Cochabamba, en el marco del Decreto Supremo 5503 recientemente promulgado”. Esta noticia marca un punto de inflexión en la percepción de los inversionistas extranjeros sobre Bolivia.
El MAS, que gobernó desde principios de este siglo, generó creciente inseguridad jurídica que afectó seriamente la llegada de capitales foráneos. Según la Cepal, Bolivia se encuentra a la cola de la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina. Entre 2010 y 2019, recibió apenas 665 millones de dólares; en 2020 se registró una desinversión mínima de -1 millón, pero en 2021 se elevó a 584 millones; en 2022 cayó drásticamente a 6 millones; en 2023 repuntó a 240 millones y en 2024 ascendió a 247 millones.
Si bien la Cepal no detalla los sectores receptores de la inversión, el investigador Hernán Aguilar Pacajes mostró que la IED se concentra en el sector primario, ligado a la explotación de recursos naturales. El desafío es redirigir los recursos hacia otros sectores estratégicos, fomentando la creación de clusters productivos, innovación tecnológica y diversificación económica.
La economía boliviana inicia sus primeros pasos para salir de la crisis heredada del gobierno de Luis Arce, caracterizada por la falta de dólares, combustibles, contrabando, inflación y gastos excesivos en más de medio centenar de empresas públicas, muchas deficitarias y con altos índices de corrupción, con un déficit de más del 10%. En 2024, Bolivia fue catalogada como la segunda economía con mayor riesgo para la inversión, según Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
Un ejemplo que ilustra el bajo interés inversor es el litio. Mientras Chile y Argentina avanzan con fuerte participación extranjera, gracias a la seguridad jurídica que ofrecen a los capitales privados, Bolivia enfrenta obstáculos por la debilidad institucional y el incumplimiento de normas, lo que desalienta proyectos a gran escala y retrasa el desarrollo del sector.
Frente a este escenario, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5503, que ofrece estabilidad jurídica y promueve la atracción de capital privado, enfocado en minería, agricultura y turismo, con el objetivo de generar crecimiento y desarrollo sostenible. Este decreto establece un régimen expedito para la inversión extranjera, garantiza estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años e incluye beneficios en acceso a divisas, aranceles y procedimientos administrativos simplificados.
Bolivia posee gran potencial en diversos sectores: minería, agroindustria, hidrocarburos, turismo sostenible, manufacturas y energía. El Gobierno impulsa estrategias para atraer inversión privada, superar barreras históricas y aprovechar estos sectores estratégicos, aunque la confianza del inversor dependerá de la aplicación efectiva de estas reformas.
A inicios de 2024, la Fundación Milenio planteó la necesidad de normas que brinden seguridad a la inversión, promoviendo la economía nacional y reduciendo la inseguridad jurídica. Henry Oporto, director Ejecutivo de la Fundación, recordaba que la inversión privada enfrenta obstáculos: inseguridad jurídica, un régimen regulatorio deficiente, impuestos excesivos, falta de incentivos y barreras administrativas y políticas que desmotivan a los inversores.
Un ejemplo regional es Paraguay, que ha implementado incentivos para atraer inversión extranjera. El empresario boliviano Xavier Iturralde instaló allí una planta para producir diésel a partir de llantas usadas, proyecto ignorado por las autoridades bolivianas del sector hidrocarburos. Situaciones como ésta evidencian la necesidad de crear un entorno favorable para los inversionistas, evitando la fuga de proyectos que podrían beneficiar a la economía local.
Los empresarios bolivianos esperan que estos errores no se repitan y que Bolivia se convierta en un polo de atracción de IED, potenciando el desarrollo productivo, tecnológico y sostenible en beneficio de la sociedad. El momento es propicio para consolidar la confianza, fortalecer la institucionalidad y garantizar que Bolivia deje atrás décadas de inseguridad jurídica y baja inversión.
El autor es Economista, Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).