Protesta social fue convertida en un instrumento de coerción

Cuestionando que sectores nuevamente hayan optado por el camino del bloqueo, los paros y las marchas, como forma de defensa de intereses corporativos, la exsenadora por Santa Cruz, Centa Rek, observó que la violencia ha deformado la protesta social hasta convertirla en un instrumento de coerción que no defiende los derechos laborales.
“La Central Obrera Boliviana (COB) y algunos sectores mineros, hoy acompañados por maestros y otros gremios, han vuelto a recurrir a paros, marchas y bloqueos, a la ocupación de ciudades y al uso de la violencia. No se trata de la defensa de derechos laborales, sino de la imposición de intereses corporativos mediante la intimidación”, sostuvo Rek a través de sus redes sociales.
Según la exparlamentaria, estas acciones se producen justo cuando el Estado ha comenzado a transparentar la magnitud del desfalco, la quiebra y la bancarrota heredadas tras dos décadas de un modelo insostenible. Frente a esa realidad, quienes durante años se beneficiaron del saqueo reaccionan con furia. “No son víctimas del colapso económico: fueron actores centrales de un sistema que convirtió al erario público en botín y al conflicto en método de negociación permanente”.
“La agitación actual responde al miedo de perder privilegios. Detrás del discurso de la ‘lucha social’ se esconden negocios protegidos por la mal llamada subvención, bonos discrecionales y aumentos salariales divorciados de la economía real. Se insiste en seguir exprimiendo a un Estado quebrado, aún a costa de paralizar el país y perjudicar a millones de ciudadanos que viven de su trabajo”, alertó.
A esto se suma que, durante años se consolidó una dirigencia sindical enquistada en estructuras parasitarias del Estado, con ingresos elevados y sin productividad real. Estos dirigentes no defendieron al trabajador: administraron el conflicto, lo monetizaron y lo pusieron al servicio del poder político de turno. Su función fue generar caos, intimidar y conspirar contra cualquier intento de orden y responsabilidad fiscal.
Para Rek, el resultado ha sido la normalización de la violencia impune bajo el rótulo de “sectores sociales”, estructuras que legitimaron bloqueos y daños económicos, así como el secuestro del derecho de la mayoría a trabajar y circular libremente. “La tolerancia frente a estos excesos no es prudencia política, es complicidad”.
Finalmente, la exparlamentaria cruceña afirmó que, el Gobierno debe superar esta etapa con decisión, cesando en sus funciones a quienes utilizan cargos públicos para conspirar, sabotear y paralizar el país, reemplazando a estos elementos con empleados públicos que trabajen, produzcan y aporten con su esfuerzo al proceso de reconstrucción nacional. “La función pública no es un botín ni una trinchera política: es un servicio a la sociedad”.
Para ello, existe la obligación indeclinable del Estado para restablecer el orden democrático y el imperio de la ley.
“La violencia organizada no es protesta social. Sin ley no hay democracia; sin autoridad legítima solo queda el reino del chantaje. Poner fin a este falso sindicalismo no es autoritarismo, sino una condición mínima para recuperar la institucionalidad y devolver dignidad al trabajo y a la vida pública”, concluyó.
El pasado 31 de diciembre, tras varios días de movilización en la sede de Gobierno en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, un ampliado de la Central Obrera Boliviana determinó mantener y masificar sus medidas de presión, mientras su representación participa del diálogo convocado por el Gobierno para este lunes 5 de enero.
Mario Argollo, ejecutivo de la COB, detalló que el ente matriz de los trabajadores continuará marchando y realizará un cabildo antes de acudir al encuentro planteado por el Ejecutivo, para abordar los ajustes económicos implementados recientemente.
“Vamos a hacer también nuestra marcha, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, una marcha contundente. Ya van a masificarse más compañeros de los diferentes departamentos y, una vez culminando nuestra marcha, vamos a tener un gran cabildo, en el cual seguramente se van a pronunciar y después vamos a asistir a la invitación del gobierno”, dijo.
Consultado sobre posibles bloqueos, el dirigente aclaró que no se ha determinado nada al respecto, pero en su momento se harán conocer las nuevas estrategias respecto a medidas de presión.
Argollo subrayó que la COB pretende la abrogación del decreto 5503, aunque se abre a “construir un nuevo decreto, pero con la participación de todos los actores del país”.
Esta semana, el Gobierno convocó a la COB y otros sectores sociales a reunirse, e instalar mesas de diálogo técnicas a partir del próximo lunes en Casa Grande del Pueblo, con la finalidad de abordar el tema del DS 5503.