Proponen aprobar una ley de ordenamiento jurídico

El abogado constitucionalista y especialista en organización del Estado, Carlos Bellot, propuso que en Bolivia se debe aprobar una ley nacional de ordenamiento jurídico para diferenciar con claridad qué decisiones deben adoptarse mediante normas y cuáles corresponden a actos administrativos concretos.
A su criterio, el uso indiscriminado de las leyes para todo tipo de decisiones ha generado un desorden que afecta la legalidad, la seguridad jurídica y la comprensión ciudadana del sistema normativo.
Bellot en su columna publicada en Brújula Digital recordó que todo gobierno opera con dos tipos de políticas públicas: las de Estado, que se expresan en normas generales y permanentes; y las de gobierno, que son acciones concretas incluidas en planes y programas.
Por ello planteó una ley que defina, de manera expresa, la arquitectura del sistema normativo —Constitución, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, leyes, reglamentos y manuales— y que tipifique los tipos de resoluciones y decretos que puede emitir cada órgano, precisando su naturaleza, alcance y efectos.
El jurista enfatizó que sólo son auténticas normas las disposiciones abstractas, de efecto general y vigencia permanente. Sin embargo, advirtió que en el país las leyes se usan tanto para regular de manera general como para decidir sobre casos específicos, e incluso mezclan ambos contenidos dentro de un mismo texto.
Citó como ejemplo la ley anual del Presupuesto General del Estado (PGE), que combina la decisión administrativa de aprobar el presupuesto con un conjunto de disposiciones normativas añadidas cada gestión.
En un Estado autonómico, sostuvo, ya no basta con la imagen de una sola pirámide normativa simple, donde todo desciende en línea recta desde la Constitución hacia las demás normas y propuso entender el ordenamiento como un sistema de pirámides compuestas: en la cúspide, el bloque de constitucionalidad; en un segundo plano, leyes nacionales abstractas, estatutos, cartas orgánicas y leyes autonómicas situadas en un mismo nivel y aplicadas según competencias; y por debajo, en cada gobierno y en cada órgano, sus propias cadenas internas de reglamentos, manuales, decretos y resoluciones.
Bellot también propone que las normas, por su vigencia permanente, tengan numeración continua, mientras que las decisiones administrativas se codifiquen con número y año para facilitar su control en auditorías e investigaciones.
Sólo las normas deberían promulgarse y publicarse para entrar en vigencia. En relación a los actos administrativos bastaría con que sean aprobados y notificados a quienes correspondan.
La ley de ordenamiento jurídico, concluyó, serviría de marco para que el nivel central, los gobiernos autónomos y los órganos de control organicen sus propios sistemas internos bajo criterios comunes de coherencia institucional y respeto al principio de legalidad.