Asegurando que se debe actuar con responsabilidad respecto a todos los actos de corrupción cometidos durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), la diputada por la alianza Libre, Lissa Claros, anunció que se presentó una denuncia penal contra la ex viceministra de comunicación Gabriela Alcón, por contratos lesivos y daño económico al Estado.
En conferencia de prensa, Claros informó que la denuncia ya fue admitida por el Ministerio Publico, por lo que demandó celeridad en las respectivas investigaciones, además de una urgente emisión de alertas migratorias y embargo de cuentas para evitar impunidad.
“Esperamos que el Ministerio Publico avance con las investigaciones, estamos haciendo el trabajo que el gobierno no está haciendo respecto a iniciar los respectivos procesos legales”, señaló la legisladora, reprochando que autoridades de gobierno se limiten a hacer denuncias sin formalizar estas ante las instancias que corresponden para garantizar la recuperación de los recursos defraudados.
“Lo que no se debe hacer es denunciar únicamente y decir que se han robado la plata, pero no iniciar procesos legales, se tiene que actuar de manera responsable sobre todos aquellos que han desfalcado las arcas del Estado y que se queden en territorio nacional para rendir cuentas a la justicia boliviana”, añadió Claros.
Días atrás, mediante redes sociales se denunció que Alcón habría aprovechado su cargo público para manipular normativas y pasar a ser propietaria de cuatro emisoras radiales y beneficiarse con pauta publicitaria estatal por más de 650 mil bolivianos.
Según una investigación periodística, al nombramiento en el cargo de Viceministra de Comunicación le siguió la creación de una fundación inicialmente registrada como entidad sin fines de lucro, misma que posteriormente pasó a ser una “fundación comercial” desde la que se obtuvieron cuatro licencias de frecuencia radial en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, bajo la marca “Onda Colectiva”, emisoras que se beneficiaron con contratos millonarios de publicidad con empresas estatales como YPFB.
“Estamos trabajando en más denuncias (…), esperamos que las diligencias sean inmediatas”, finalizó claros.