La abogada especializada en Derecho Minero, Heiddi Ruiz Gonzales, en entrevista con EL DIARIO, advirtió que la Ley 535, la burocracia estatal y la ausencia de seguridad jurídica han convertido a Bolivia en un país poco atractivo para la inversión minera, a pesar de contar con más de 9.000 empresas registradas en el sector y una enorme riqueza geológica.
Para Ruiz, la reactivación minera pasa por una decisión política clara. “Tenemos que reactivar la minería, pero tenemos que tomar medidas que den una apertura, sobre todo en el tema de inversiones”. Esa apertura, subrayó, debe ir acompañada de un compromiso firme: “más allá de eso, el tema de brindar interna como externamente la seguridad jurídica correspondiente”.
Sostuvo que, mientras no se garantice esa estabilidad e institucional, la minería seguirá operando con frenos permanentes, a pesar de que el país cuenta con reservas importantes de minerales metálicos y no metálicos y con millas de operadores inscritos en el sistema formal.
CONTRATOs
administrativos
El punto de quiebre, según Ruiz Gonzales, está en el cambio de modelo que introduce la Ley 535 de Minería y Metalurgia, aprobada en 2014.
“Con las concesiones era una seguridad que se daba al inversionista o al emprendedor minero; ahora, con los contratos administrativos, tenemos que esperar que la autoridad pública nos dé la autorización para que seamos operadores, ahora somos simples prestadores de servicios”, explicó.
La ley define el contrato administrativo minero como el acto mediante el cual el Estado, a través de la AJAM, otorga derechos mineros a actores estatales, privados o cooperativos, previa verificación de requisitos.
Para Ruiz, este esquema “sumamente estatista” se ancla en artículos subjetivos de la Constitución Política del Estado (CPE) y ha generado previsiones y limitaciones en áreas de reserva fiscal, minerales estratégicos y zonas de frontera que “nos limita sumamente para que podamos crecer económicamente como país”, dijo.
BUROCRACIA Y
ADECUACIÓN
La abogada recordó que el proceso de adecuación de las antiguas concesiones a contratos administrativos se inició en 2016 y aún no logra resultados significativos.
“Se han hecho varias fases en cuanto a la aprobación de todos estos contratos, pues nos damos cuenta que no se requieren varios documentos que se han presentado”, relató.
El costo y la complejidad de ese trámite han sido golpeados especialmente al emprendimiento privado, ya que “una empresa puede tener entre 30 y 40 procesos de adecuación, lo que significa un costo sumamente alto para el emprendimiento privado minero”, sostuvo. A pesar de que la migración de derechos a contratos administrativos era una obligación establecida por la propia Ley 535, la aprobación legislativa de los contratos avanza lentamente y ha dejado a cientos de operadores en una situación de incertidumbre jurídica prolongada.
CONSULTA PREVIA y
LICENCIA AMBIENTAL
Otro cuello de botella crítico está en la consulta previa y la gestión ambiental. Ruiz calificó este paso como “un trámite bastante engorroso” que exige, además, la buena predisposición de las comunidades para que los proyectos puedan avanzar. Cuando se suma la obtención de licencias ambientales, el panorama se vuelve todavía más pesado. “Son procesos, además de engorrosos, bastante caros”, remarcó.
En la práctica, explicó, la falta de seguridad jurídica durante estas etapas lleva a que muchos inversionistas desistan.
“Un inversionista, al no tener esa seguridad jurídica, muchas veces retrocede para realizar estas inversiones, porque mientras no tengamos esa consulta previa a los nuevos proyectos, eso limita mucho”.
AJAM: JUEZ Y PARTE
Ruiz fue especialmente crítica con el rol concentrado de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La AJAM es una institución que es juez y parte en los procesos y juntan ahí toda una serie de actividades que deben estar separadas. No puede ser una misma institución, juez y parte”, afirmó.
A su juicio, la acumulación de funciones administrativas, regulatorias y de control en una sola entidad contribuye a la lentitud de los trámites, alimenta la percepción de arbitrariedad y ahonda la desconfianza de los operadores privados, que ya observan con recelo la rigidez del marco legal.
ROBO DE MINERAL
Y AVASALLAMIENTOS
Para la abogada, el problema no se limita a los papeles. “La inseguridad jurídica te priva de realizar cierto tipo de inversiones y acciones”.
En las dos últimas décadas, a la par del “estancamiento productivo”, se han agudizado fenómenos como el robo de mineral y los avasallamientos de áreas mineras, que “son realmente situaciones muy complicadas que no las hemos superado”.
Consideró que la restricción y la falta normativa de control efectivo han abierto espacio a estas prácticas ilegales, que no sólo afectan la producción sino también la convivencia entre cooperativas, empresas y comunidades, en un contexto donde miles de personas dependen de la minería para su sustento.
INVERSIÓN
Señaló que muchos aspectos de la actual normativa “satanizan la explotación minera” y desincentivan la exploración, etapa clave para renovar reservas y garantizar la sostenibilidad del sector. Las limitaciones en áreas de frontera y el tratamiento de los minerales estratégicos son, a su juicio, ejemplos claros de un enfoque “cerrado, estrangulador”.
Un elemento que mencionó como especialmente disuasivo para el capital extranjero es la restricción al arbitraje internacional cuando uno de los actores es el Estado.
“Pocas empresas se animan a invertir cuando no puedes acudir a un arbitraje internacional que sea independiente”, advirtió, al describir un entorno donde el riesgo regulatorio se percibe alto y las instancias de resolución de controversias no generan confianza.
9.000 EMPRESAS Y
1.700 COOPERATIVAS
Las cifras oficiales muestran la dimensión del sector: hasta noviembre de 2024, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio tenía registradas 9.094 unidades económicas dedicadas a la explotación de minerales en canteras y minas, concentradas sobre todo en La Paz, Potosí y Santa Cruz.
En paralelo, estudios sobre el subsector cooperativo señalan que existen alrededor de 1.700 cooperativas mineras en el país, muchas de ellas en el norte paceño.
Sin embargo, Ruiz contrastó ese peso económico con los resultados concretos del nuevo régimen: mencionó que, desde que comenzó el proceso de adecuación en 2016, para 2024 se habían firmado apenas 19 contratos con cooperativas, una cifra mínima frente a la magnitud del universo de operadores. Para ella, la brecha entre el discurso de fomento y la práctica administrativa refleja un sistema que “no ha funcionado en su totalidad”.
REFORMULAR DESDE
LA CONSTITUCIÓN
Frente a este panorama, planteó una reforma profunda. “Se tiene que reformular y replantear desde la Constitución Política del Estado, no solo para el sector minero, sino para varios sectores”. A partir de ese cambio, propuso evitar que la norma sea “cerrada, estranguladora” y recuperar elementos de la legislación anterior que facilitaban la actividad, como el régimen de concesiones.
Su apuesta es volver a un modelo que permita al concesionario “prestarse dinero, conformar sociedades, cooperativas y traer tecnología limpia, invitar a las empresas privadas extranjeras a que lleguen con esta tecnología y se comience a desarrollar una minería sostenible y sustentable”. En su visión, una apertura ordenada de áreas de frontera, bajo regímenes claros y el acceso a arbitraje internacional serán señales decisivas para reencauzar la inversión a largo plazo.
APARATOS ESTATALES
Ruiz cuestionó también el tamaño y desempeño del aparato estatal en minería durante los últimos 20 años. Asegura que la expansión institucional no vino acompañada de mayor control, sino de “descalabro y descontrol”, con denuncias públicas de avasallamientos, robo de minerales y extorsiones por parte de algunos funcionarios y actores locales.
“Las instituciones públicas encargadas de la minería tienen que ser reorganizadas, simplificadas, hay mucha burocracia, ya que con mucha burocracia hay menos capacidad y eficiencia”, dijo. No se trata de centralizar aún más, sino de “reformular esa administración pública y hacerla eficiente”, estableciendo nuevos procedimientos para la consulta previa y los permisos ambientales que hagan viable, y no inviable, la inversión responsable.
Para Heiddi Ruiz, el mensaje de fondo es claro: “La minería nunca morirá en Bolivia, pero necesitamos reprogramar normas”. En un país con una larga historia minera y una cartera creciente de empresas y cooperativas, el principal riesgo no es la falta de recursos, sino un marco legal y administrativo que encarece el emprendimiento, multiplica los trámites y mantiene la inversión en pausa.
Reactivar la minería boliviana implica, según la abogada, reconstruir la confianza: devolver la seguridad jurídica, simplificar procesos, ordenar a las instituciones, abrir espacios a la inversión y a la tecnología limpia, y desterrar las “angurrias” que han marcado los últimos años. Sólo así, concluye, el sector podrá “renacer” y convertir la riqueza bajo tierra en desarrollo tangible para las regiones mineras y para el país entero.
