El Estado estatista ahoga a la minería boliviana

La abogada especialista en Derecho Minero, Heiddi Ruiz Gonzales, advirtió que la minería boliviana está paralizada por la inseguridad jurídica, la Ley 535 y una pesada burocracia, pese a que el país cuenta con más de 9.000 empresas y alrededor de 1.700 cooperativas registradas.
En entrevista con EL DIARIO, sostuvo que la reactivación del sector exige una decisión política clara que abra efectivamente a la inversión y restituya la seguridad jurídica para operadores nacionales y extranjeros.
A su juicio, el cambio del sistema de concesiones al régimen de contratos administrativos, controlados por el Estado a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), transformó a las empresas en “simples prestadores de servicios” y generó restricciones en áreas de reserva fiscal, zonas de frontera y minerales estratégicos, limitando el crecimiento económico.
Ruiz señaló al Decano de la Prensa Nacional que el proceso de adecuación de las antiguas concesiones, iniciado en 2016, se ha convertido en un cuello de botella: una sola empresa puede enfrentar hasta 30 o 40 trámites, con costos altos y resultados mínimos, al punto de que hasta el 2024 apenas se habrían firmado 19 contratos con cooperativas.
A esto se suma la consulta previa y las licencias ambientales, que describen como procedimientos “engorrosos y caros”, capaces de hacer retroceder a cualquier inversionista ante la falta de certezas sobre plazos y resultados.
La abogada cuestionó también que la AJAM actúa como “juez y parte”, concentrando funciones administrativas, regulatorias y de control, lo que alimenta la lentitud de los procesos y la desconfianza del sector privado.
El deterioro institucional, añadió, que ha ido de la mano con el aumento del robo de mineral y los avasallamientos de áreas mineras, fenómenos que afectan tanto la producción como la convivencia entre cooperativas, empresas y comunidades.
Ruiz afirmó que la normativa vigente “sataniza” la explotación, desincentiva la exploración y que imposibilita acudir a arbitraje internacional cuando interviene el Estado.