Luis Arce, del Palacio de Gobierno al penal de San Pedro

A 35 días de haber dejado la presidencia del Estado boliviano, una determinación judicial dispuso que el expresidente Luis Arce Catacora cumpla detención preventiva por 5 meses en el penal de San Pedro de La Paz, mientras avanza una investigación en el marco del “Caso Fondo Indígena”, en el que se acusa a la exautoridad por manejo irregular de recursos cuando fungía como ministro de Economía de Evo Morales.
A pesar de que la defensa del exmandatario expuso distintos argumentos para sostener la inocencia de Arce, incluso haciendo alusión a supuestos móviles políticos para su procesamiento, una audiencia de medidas cautelares que se extendió por varias horas, la tarde del viernes, culminó con la determinación del juez anticorrupción Elmer Laura, disponiendo prisión preventiva.
A través de sus redes sociales, el gobernador cruceño Fernando Camacho, destacó que la justicia boliviana se haya recuperado del sometimiento político a la que la sometió por el “masismo” durante dos décadas y empiece a dar señales de independencia.
“El desfalco de cientos de millones de bolivianos en el Fondo Indígena estaba quedando en el olvido, pero el Ministerio Público retomó el proceso y hoy se dan señales de que la monumental corrupción encabezada por Luis Arce no quedará en la impunidad”, expresó la autoridad departamental, quien además fue uno de los líderes políticos perseguidos durante el régimen “masista”.
Camacho llamó a respaldar el proceso de restitución de la independencia y la institucionalidad de la justicia, recordando que la democracia siempre vencerá a la impunidad y al autoritarismo.
Previamente, la expresidenta Jeanine Añez había descartado que la aprehensión y el inicio de un proceso contra Arce se trate de una persecución política, sino la acción de la justicia sobre graves irregularidades por las que una exautoridad debe rendir cuentas.
“Que no se equivoque la población, esto no es ninguna persecución, él tiene que responder por todo lo que hizo, hay mucha gente involucrada y creyó que siempre iba a estar en la impunidad, pero ahora es tiempo de que paguen por todo lo que han hecho”, manifestó Añez, demandando que todos los involucrados en el desfalco al Fondo Indígena paguen por las irregularidades cometidas, incluido Evo Morales, pese a su atrincheramiento cobarde en el Chapare.
Durante la audiencia cautelar, Arce declaró su inocencia afirmando que no participó en el 99% de las reuniones que el directorio del Fondo Indígena sostuvo, además que la normativa no obligaba su presencia como ministro de Economía, por lo que se designaba a un funcionario para representarlo.
Legisladores como el paceño Alejandro Reyes, recordaron que el gobierno de Arce se caracterizó por la persecución política contra opositores, siendo los casos más visibles lo ocurrido con la expresidenta Jeanine Añez, el exdirigente cívico Marco Pumari y el gobernador cruceño Fernando Camacho.
En su criterio, la aprehensión y posterior disposición de medidas cautelares contra el expresidente, debe marcar el inicio para que las investigaciones en este caso se amplíen hacia todo el gabinete de Evo Morales.
“Se sirvieron de los movimientos sociales sin generar ninguna mejora, salvo la calidad de vida de algunos dirigentes, los indígenas y sus representantes reales siguen igual o peor que hace veinte años. El MAS lo que hizo es mentir y servirse de los indígenas”, afirmó Reyes.