Tras la intervención al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Fundación Tierra plantea tres recomendaciones para que la misma no parezca política, sino sea una decisión acertada para restituir la institucionalidad agraria, nombramiento del director según las normas establecidas y preparar la intervención y auditoría.
La entidad señala que la coordinación y articulación interinstitucional no se logra ampliando atribuciones a un viceministerio ajeno al régimen agrario, sino designando autoridades competentes e idóneas en el INRA y en el Viceministerio de Tierras, tal como dispone la Ley. Las intervenciones improvisadas o “transitorias” carecen de fundamento legal y agravan la fragilidad institucional en materia agraria y ambiental.
Sostiene que una de las causas estructurales de la crisis del INRA es el nombramiento de directores nacionales interinos, que reproduce y profundiza la subordinación política de dicha institución.
La ley dispone que el Director Nacional del INRA debe ser designado por el Presidente a partir de una terna aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, por un periodo de cinco años, personal e improrrogable. Cumplir este mandato es condición indispensable para restablecer la institucionalidad del INRA, asegura el pronunciamiento.
Asimismo, el gobierno debe iniciar los trabajos preparatorios para planificar y ejecutar una intervención y auditoría integral del proceso de saneamiento de tierras que incluya bases técnicas y jurídicas, metodologías y alcances, diagnósticos o línea base, objetivos y metas verificables y mecanismos de responsabilidad institucional. Cualquier intervención improvisada carecerá de legitimidad y pondrá en riesgo la validez de todo el proceso agrario, plantea.
Como se recordará, tras la intervención, la viceministra de Autonomía, Andrea Barrientos, ordenó la presentación de informes a todos los funcionarios, está determinación fue observada pues una acción asumida contempla todo el control y empezar las auditorías.
Fundación TIERRA pide al gobierno rectificar de manera inmediata estos desaciertos y reestablecer una institucionalidad agraria con reglas claras y autoridades capaces de hacer prevalecer el interés público por encima de presiones sectoriales que solo buscan controlar y sobreexplotar la tierra, el territorio y los bosques.
Antecedentes
Tierra recuerda que el INRA arrastra denuncias de corrupción y tráfico que requieren atención del gobierno. En la última década, diversas organizaciones y sectores vinculados a la cuestión agroambiental —entre ellos la Fundación TIERRA— han denunciado en reiteradas ocasiones hechos de corrupción, tráfico de tierras y uso político de las autorizaciones de asentamientos de comunidades en tierras fiscales.
El INRA ha incumplido de manera sistemática su obligación legal de transparentar la información agraria.
En el pasado, las intervenciones politizadas agravaron el conflicto agrario. Durante la gestión 2020, el gobierno de Jeanine Añez intervino políticamente los trabajos de saneamiento del INRA, con el justificativo de reactivar y acelerar los procesos de titulación de tierras, recuerda.
La intervención puede generar vicios de nulidad y litigios posteriores. El saneamiento y la titulación de tierras no son procedimientos administrativos ordinarios, sino procesos técnico-jurídicos especializados que exigen independencia absoluta de presiones políticas. Las actuaciones del INRA tienen naturaleza cuasi-judicial y sus resoluciones deben basarse en criterios objetivos y verificables, como el uso productivo de la tierra, su compatibilidad con la sostenibilidad ambiental, y la inexistencia de sobreposiciones con otros derechos agrarios, ambientales o territoriales, señala la entidad en su análisis.