Tras conocerse que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó cesar las funciones de cinco magistrados de esta instancia y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por extender ilegalmente sus funciones, un juez de Santa Cruz emitió ayer órdenes de aprehensión contra cuatro de ellos en el marco de una acción popular y, en la noche, la Sala Plena del Tribunal eligió por unanimidad a Paola Verónica Prudencio Candia como su nueva presidenta.
En cuestión de horas, la situación de Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Isidora Jiménez, Ricardo Torres y Carlos Egüez cambió radicalmente. Inicialmente, firmaron el Auto Constitucional 087/2025, que disponía la conclusión de sus mandatos extendidos en el TCP y los de dos magistrados del TSJ, fijando un plazo de diez días para su efecto.
Más tarde, la Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó el cese inmediato de sus funciones, la cancelación de sus sueldos y el inicio de trámites para la reparación de daños al Estado, tras conceder tutela por una acción popular presentada en su contra. Asimismo, en La Guardia, el juez Rodrigo Vedia emitió órdenes de aprehensión y arraigo en contra de cuatro exmagistrados excepto Jiménez, quien presentó su renuncia horas antes.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, destacó el cese de los autoprorrogados tras recordar que “en ningún lugar del mundo, alguien puede ser juez en su propia causa”. Señaló que extender su propio mandato legalmente fenecido violó cualquier principio de imparcialidad y estaba por fuera de toda interpretación de la Constitución Política del Estado (CPE).
NUEVA PRESIDENTA
Tras jurar como nueva presidenta del TCP luego de una sesión de Sala Plena con los cuatro magistrados electos, Prudencio se dirigió a la población boliviana asegurando que este día desaparecía “la sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra” que por años se alzaron sobre la institución, en referencia al cuestionado periodo de extensión de mandato de los cinco magistrados anteriores.
En su discurso, la autoridad recalcó que se dio fin a la “anomalía” de romper el pacto social y la institucionalidad –hasta ahora propiciada por los autoprorrogados a la cabeza de Hurtado– y aseveró que, desde ahora, el Tribunal daría estricto cumplimiento a la CPE, restableciendo la legalidad y la constitucionalidad.
“Este Tribunal ya no será un órgano de persecución ni velará por intereses subjetivos, sino que retoma su rol como garante de que (jueces y vocales) puedan administrar justicia sin que reciban llamadas, presiones ni amenazas. No vamos permitir que se manipule la historia procesal de este Tribunal”, manifestó, a tiempo de pedir a la población que retome la fe en las instituciones.
Prudencio anunció medidas destinadas a promover la transparencia del Tribunal y reducir la carga procesal, como ser: conformación de salas y una Comisión de Admisión, transmisión pública de sorteo de expedientes, unificación jurisprudencial, auditorías internas, reestructuración y convocatoria pública de cargos jurisdiccionales y administrativos, revisión de presupuestos para adopción de medidas de austeridad y la publicación de reglamentos en su página web.
Foto: Captura TCP