Tras la devolución de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) a su presidenta, Amparo Carvajal, activistas y defensores ponderaron el hecho como una victoria y un paso importante hacia el restablecimiento de la democracia, pero sostuvieron que es imperante su fortalecimiento, así como la recuperación de otros espacios de defensa de derechos y el inicio de acciones penales contra los responsables de su saqueo, como un acto de justicia mas no de venganza política.
El activista y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, advirtió que dejar estos “atropellos” en la impunidad supone un “incentivo para su posterior repetición” posterior, por lo que ratificó la importancia de que la Fiscalía inicie un proceso penal contra los responsables del saqueo de la sede.
“Es importante que el Ministerio Público promueva una investigación de oficio contra los autores intelectuales y materiales de estos atropellos. (…) No es un tema de venganza, sino de justicia, ojalá que así se lo entienda, (porque) estos hechos salvajes contra una entidad sagrada –como es la Apdhb– no deben quedar en la impunidad”, señaló Albarracín a EL DIARIO.
Por su lado, el activista e investigador, Manuel Morales, destacó que estos predios son “el último reducto” de la defensa de Derechos Humanos (DDHH) de la sociedad civil y manifestó que también es necesario recuperar otras instancias tomadas por el autoritarismo del MAS, como la Defensoría del Pueblo, la Asoban o la Comisión de DDHH del Parlamento, para destronar su “monopolio”.
“El único espacio de resistencia y lucha independiente que teníamos era la Asamblea. Cuando se la intervino, se golpeó al núcleo de resistencia de los DDHH en su calidad de independencia, con lo que los presos políticos y las movilizaciones cívicas fueron golpeadas. Ese era su objetivo: que no exista alternancia y que solo exista un monopolio de lo que la Justicia y el MAS decían que eran los DDHH”, señaló Morales a EL DIARIO.