La continuidad en el cargo como ministro de Justicia de, Freddy Vidovic, está en manos del primer Mandatario, Rodrigo Paz Pereira, situación que se presentó tras conocerse ayer que Vidovic cuenta con una sentencia ejecutoriada de tres años por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros.
El presidente de la Corte Suprema Electoral, Romer Saucedo, al ser consultado sobre el tema por una red televisiva nacional, dijo que desde la fecha de emisión de la sentencia ya transcurrieron 10 años y, por lo tanto, la decisión de la destitución o continuidad del actual Ministro de Justicia está en manos de Paz Pereira.
Al respecto, ratificó que, de acuerdo a norma, corresponde ahora al Consejo de la Magistratura efectuar la investigación para que se llegue a determinar cuáles fueron las causas por las que la sentencia ejecutoriada no fue registrada en el sistema que se tiene para el efecto y determinar quiénes fueron los responsables de las irregularidades.
Por su parte, el Consejo de la Magistratura indicó que se espera la llegada de la sentencia condenatoria a Sucre para iniciar las investigaciones sobre las irregularidades del caso y el accionar del juez.
“El jueves (hoy) llega al Consejo de la Magistratura en Sucre la sentencia condenatoria y los demás antecedentes del proceso de manera legalizada (…) Puedo adelantar que la sentencia es del año 2015; sin embargo, la sentencia habría resultado en su parte final la aplicación de la suspensión condicional de la pena”, indicó el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Bautista, agregando que “esta resolución dispone que el actual ministro de Justicia no debía cumplir privación de su libertad; no obstante, destacó que existen varias irregularidades”.
“Le conceden una suspensión condicional de la pena, pero no le dicen por qué tiempo debe ser cumplida y tampoco las condiciones (…) Esto es una falla porque ninguna persona debe estar condenada de manera indefinida y el juez no fue claro en su resolución”, argumentó.
Otra irregularidad que destaca la autoridad es que el juez no registró la sentencia en los registros penales, siendo una segunda falta de los funcionarios encargados de la ejecución.
En este sentido, Baptista señaló que investigarán el accionar del juez, debido a todas las irregularidades referidas en el caso.
“Según se establece en la Constitución del 2009, todos los ciudadanos en nuestro país pueden ejercer la función pública, siempre y cuando no tengan una pena condenatoria pendiente de cumplimiento; en este caso no hay una pena pendiente de cumplimiento”, dijo.
“Los jueces en el país están obligados a cumplir la ley, la Constitución y los tratados y convenios internacionales; si un juez se sale de esta circunstancia, debe ser procesado”, sostuvo.
SENTENCIA
La sentencia fue emitida el 30 de mayo del 2015 emitida por Román Cordero, juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la cual se concedió la solicitud de procedimiento abreviado para Vidovic, explicó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El titular de Justicia habría renunciado de manera voluntaria a la apelación restringida lo que hace que la sentencia se encuentre “plenamente ejecutoriada”, remarcó Oviedo. La nota del caso será puesta en conocimiento del presidente Rodrigo Paz, anunció.
“Cuando uno tiene una sentencia ejecutoriada, están conculcados los derechos ciudadanos y, por lo tanto, el señor (Freddy Vidovic) no puede elegir, ni ser elegido, todo lo que significa la privación de derechos ciudadanos”, afirmó.
Reportes de prensa de hace 10 años, indican que Vidovic se sometió a un juicio abreviado y recibió la sentencia de tres años, acogiéndose al perdón judicial, por estar vinculado al entramado que habría encubierto la fuga del peruano Martín Belaunde Lossio.
El caso fue un escándalo internacional porque el empresario estaba buscado en su país por corrupción, pero en Bolivia había huido de una detención domiciliaria, aunque posteriormente fue recapturado en Beni.
VIDOVIC
Mediante un comunicado, Vidovic aseveró que en 2015 su firma legal fue contratada para la defensa del ciudadano peruano, que era solicitante de refugio. Sin embargo, denunció que, como abogado, junto con su colega Jorge Valda, fueron violentados, torturados y privados de libertad, simplemente por cumplir su deber profesional.
Oviedo insistió que cuando una persona cuenta con una sentencia ejecutoriada afectan sus derechos ciudadanos y “no podrá ejercitar cargo público”, lo que pondría en riesgo su permanencia como titular del Ministerio de Justicia.
Tras cuestionarse su designación, el vicepresidente Edmand Lara salió en su defensa garantizando que es la persona adecuada en el cargo y para encaminar la reformar en la Justicia. Fue su abogado cuando tuvo problemas con la Policía. (Erbol)