La magistrada del Tribunal Supremo, Cármen Lúcia, votó ayer a favor de aceptar los cargos contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, formando una decisión unánime en la Primera Sala a favor de iniciar un proceso contra el hijo del expresidente, Jair Bolsonaro.
El viernes, con los votos de Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin, ya se había constituido la mayoría a favor de la acción penal. El juicio en el pleno virtual del Tribunal Supremo Federal está previsto que dure hasta el 25 de noviembre.
Eduardo fue acusado por la Fiscalía General de coacción debido a sus acciones en Estados Unidos a favor de la imposición de aranceles económicos a Brasil y sanciones económicas a magistrados de la Corte Suprema y otras autoridades.
Si se confirma el resultado, Eduardo Bolsonaro pasará a ser acusado y se abrirá una causa penal. El análisis del fondo del asunto, con absolución o condena, se realizará posteriormente. La Primera Sala cuenta actualmente con cuatro magistrados debido al traslado de Luiz Fux a la Segunda Sala y a la jubilación de Luís Roberto Barroso.
«La Fiscalía General demostró la existencia de justa causa necesaria para el inicio de un proceso penal contra el acusado Eduardo Nantes Bolsonaro, habiendo detallado su conducta delictiva», escribió Moraes en su dictamen.
Además de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo Filho también fue acusado, pero su caso se tramitó por separado. En Estados Unidos, Eduardo no designó abogados para su defensa, por lo que la Defensoría Pública se encarga de su representación.
La defensa de Eduardo está a cargo de la Defensoría Pública Federal (DPU), dado que no ha respondido a la acusación. El diputado federal reside actualmente en Estados Unidos.
La Defensoría Pública (DPU) defendió el rechazo de la denuncia, argumentando que las declaraciones atribuidas al congresista son manifestaciones públicas sobre política exterior, sanciones económicas y críticas a decisiones judiciales, sin que exista ningún acto de violencia ni amenaza grave. En un comunicado conjunto emitido tras la denuncia, en septiembre, Eduardo y Figueiredo afirmaron estar trabajando para «corregir abusos e injusticias» y se declararon víctimas de persecución política.(O Globo)