Recordando que según la ley 1352, la Contraloría General del Estado (CGE) tiene la obligación de cursar notas al Servicio de Migración con un listado completo de autoridades y legisladores de la anterior gestión, para la emisión de una alerta migratoria por el lapso de tres meses, el diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, demandó que se cumpla con este procedimiento.
A través de notas dirigidas a la Contraloría General del Estado y el Servicio de Migración, Alarcón solicitó que se confirme si se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1352, de arraigo para autoridades salientes, tomando en cuenta que el pasado día sábado, vencía el plazo para cumplir con esta tarea.
“El día sábado venció el plazo para que la Contralora interina mande la lista completa de los ministros y autoridades del gobierno saliente, además de los parlamentarios que hemos estado en la asamblea anterior a efecto de que el director de migración disponga una alerta preventiva o un arraigo”, explicó.
Según Alarcón, en caso de que no se haya cumplido con esta obligación, tanto la Contralora como el director interino de Migración serán responsables de cualquier fuga o ausencia ilegal de las autoridades del gobierno saliente.
“Claramente la ley establece que es un delito salir del país en el transcurso de los siguientes tres meses después de dejar funciones”, apuntó.
En octubre de 2020, la entonces presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, promulgó la “Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del nivel central del Estado y de Entidades Autónomas”, norma que obliga a permanecer en el país, al Presidente, Vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y máximas autoridades salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales que administren recursos fiscales, por el espacio de tres meses, una vez que dejen el cargo.