Una de las cuestiones más urgentes que deberá resolver el próximo gobierno es la escasez de dólares, que desde fines de 2022 ha generado graves efectos: presión sobre el tipo de cambio fijo, aparición del mercado paralelo, caída de reservas internacionales, pérdida de confianza en política monetaria y sistema financiero, desplome de la inversión, ralentización del comercio exterior, reducción de importaciones de insumos y aumento de la especulación.
El conflicto se agravó por la falta de recursos para importar carburantes y pagar la deuda externa. Según cifras oficiales, hasta fin de año se necesitarán 500 millones de dólares para gasolina y diésel, y 400 millones para obligaciones crediticias.
Para 2026 el panorama será más complejo: serán requeridos 1.900 millones para pagar la deuda multilateral y bilateral, y cerca de 4.000 millones para combustibles. A lo que se suman la devolución de depósitos en moneda extranjera a ahorristas privados (2.500 millones), deudas de YPFB con proveedores y restitución de Derechos Especiales de Giro. Es alarmante que las reservas internacionales solo alcancen a 102 millones y no haya fuentes de ingreso a corto plazo.
El presidente electo, Rodrigo Paz, propone medidas para enfrentar la crisis: reducción gradual del subsidio a carburantes, un “shock de confianza” para incentivar la circulación de dólares en manos de ciudadanos (estimados en 10.000 millones), tipo de cambio único determinado por el mercado, uso de créditos aprobados por la Asamblea Legislativa y renegociación de la deuda externa, entre otras.
Algunos países, como Ecuador y Panamá, han resuelto la escasez de divisas con la dolarización. En Bolivia esta opción es poco viable porque implica pérdida de control monetario, mayor vulnerabilidad financiera y alta resistencia social.
Así, la solución requiere combinaciones macroeconómicas y reformas regulatorias a corto y mediano plazo, no solo para enfrentar la emergencia, sino para construir una salida estructural que estabilice el mercado y recupere la confianza.
Coincido en la necesidad de flexibilizar el régimen cambiario, pasando de un tipo de cambio rígido a una flotación controlada, acompañada de una política fiscal coherente. Esto requerirá respaldo monetario inicial y una campaña de persuasión pública sólida.
Es urgente eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), una norma regresiva que desincentiva el uso formal de dólares. Lo correcto sería fomentar el uso formal con depósitos a plazo preferenciales, apertura de cuentas sin comisiones y menores costos en transferencias internacionales.
También es necesario liberar completamente las exportaciones, mejorando la logística, facilitando aduanas, con incentivos temporales, promoción de cadenas de valor, acuerdos comerciales y atracción de exportadores no tradicionales.
Conviene implementar programas de repatriación de capitales con incentivos fiscales y financieros, tasas preferenciales o amnistías temporales. Se puede complementar con fomento de remesas, formalizando canales, reduciendo costos y ofreciendo productos financieros atractivos a receptores.
El uso de criptomonedas puede ser herramienta complementaria para ciertos sectores, como exportaciones de servicios, pero no es solución estructural. Su éxito depende de confianza institucional, regulación, seguridad tecnológica e integración económica formal. Emplear monedas como euro, yuan o real diversificaría el riesgo cambiario y fortalecería relaciones comerciales, pero no sustituye la necesidad de dólares para obligaciones internacionales.
Es esencial crear incentivos para que dólares fuera del sistema formal regresen a él, garantizando seguridad jurídica, preservación del valor, disponibilidad constante y compensación del riesgo.
Bolivia necesita más que medidas técnicas: debe reconstruir la confianza colectiva. Ninguna política cambiaria funcionará si la población percibe que el Estado no cumple compromisos o cambia reglas. La estabilidad no se logrará solo con dólares, sino con credibilidad, coherencia y una nueva relación entre gobierno, sistema financiero y sector productivo.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.