Acompañan investigaciones tras agresión a mujeres transportistas

Luego de los hechos de violencia registrados contra mujeres transportistas, presuntamente agredidas por miembros del Sindicato de Transporte Continental en la ciudad de El Alto, la Defensoría del Pueblo acompañó a las afiliadas de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras (Cemupe) y participó como veedor en los actos investigativos del Ministerio Público sobre estos hechos.
El viernes, durante la inauguración de la sede del servicio de taxis y trufis “Línea Lila, Mujeres al Volante”, un grupo de transportistas irrumpió en el lugar ejerciendo violencia y agresiones contra las mujeres, causando destrozos, haciendo el uso de petardos y poniendo en riesgo la integridad de niñas y niños que acompañaban a sus madres, de acuerdo con la denuncia presentada.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional y conforme al artículo 218 de la Constitución Política del Estado (CPE), participó como veedor durante la actuación fiscal de investigación, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas y el cumplimiento del debido proceso.
“Estamos realizando el acompañamiento en el caso abierto por la violencia que sufrieron compañeras de Cemupe, que estaban inaugurando una línea de transporte y que fueron agredidas por otro sindicato, en su mayoría varones (…) este es un hecho de violencia machista, misógina y de alta intolerancia”, informó Fernando Claros, responsable de la Unidad de Coordinación Regional de la Defensoría en la ciudad de El Alto.
Se informó además que, desde el conocimiento del hecho, la institución activó de forma inmediata acciones defensoriales para que las víctimas reciban atención oportuna, exigiendo a las autoridades actuar con debida diligencia, realizar la valoración médico forense mediante el Instituto de Investigaciones Forenses y brindar medidas de seguridad a las integrantes de la “Línea Lila”, para evitar represalias o nuevos actos de violencia.
Por su parte, Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Generacionales y de Género, afirmó que la institución defensorial brindará apoyo para que esta organización de mujeres logre obtener el permiso correspondiente y pueda ejercer su derecho al trabajo ofreciendo el servicio de transporte sin restricciones ni malos tratos.
Para la Defensoría del Pueblo, el hecho ocurrido es una grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres, en particular a su integridad física, al derecho al trabajo digno, a la igualdad de oportunidades y a no sufrir discriminación por razón de género.