El jefe de bancada por Creemos en el Senado, Henry Montero, informó que su organización política solicitó información a la Dirección General de Migración, en sentido de conocer si esta instancia emitió la alerta migratoria en aplicación de la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado, quienes cesarán sus funciones el 8 de noviembre.
“En semanas más, cumplirán y cesarán en sus funciones y deben permanecer obligatoriamente en Bolivia por tres meses más para rendir cuenta de sus actos y responsabilidades en la administración de los recursos y los bienes del Estado, tras el despilfarro, el quiebre económico y la grave crisis en la que hundió el MAS a nuestro país”, señaló Montero.
El senador informó que la Contraloría, mediante una nota, respondió con evasivas sobre este tema, haciendo referencia solamente al reporte de 46 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por dejación de cargo, cuando el artículo 3, de la Ley 1352, es específica e identifica a las autoridades desde el Presidente, Vicepresidente, Ministros y otras autoridades jerárquicas del Estado, quienes deben permanecer en territorio nacional.
Con relación a la solicitud de información enviada a la Dirección General de Migración a través del Ministerio de Gobierno, solicitando información sobre la lista de las autoridades que fue remitida por la Contraloría General del Estado, Montero pidió conocer si se emitieron las respectivas alertas migratorias y los respaldos de las mismas.
La Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas, aprobada por dos tercios en la ALP, prevé que las autoridades salientes de sus funciones deben rendir informes en el marco de la transparencia para cuidar los intereses del Estado y evitar la impunidad ante las denuncias de corrupción y desfalco de recursos públicos.
Asimismo, Montero recordó que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional el “control y fiscalización de los recursos estatales de crédito público y subvenciones” además de “controlar y fiscalizar a los Órganos del Estado y las instituciones públicas”, según dispone el artículo 158 de la Constitución.
