En la recta final de la campaña electoral, el candidato a la vicepresidencia de Bolivia del PDC, Edman Lara, quien logró el primer lugar con el 32,06% en la primera vuelta frente a su inmediato seguidor de la Alianza Libre, optó por una estrategia preocupante y antidemocrática: el ataque a varios medios de comunicación. Lejos de debatir propuestas o confrontar ideas, el aspirante a dirigir la Asamblea Legislativa Plurinacional dedica parte de sus discursos y sus apariciones en redes sociales a descalificar a periodistas y medios, acusándolos de conspirar en su contra y de difundir noticias falsas.
Al desacreditar a la prensa, el candidato busca sembrar desconfianza en las instituciones democráticas y en los contrapesos de poder. A juzgar por sus actos, se advierte que su objetivo es convertirse en la única fuente de información y verdad para sus seguidores, cerrando el espacio para el análisis crítico y la pluralidad de voces.
Se atrevió a decir, a través de un TikTok, que la prensa es “vendida” y que “no tiene credibilidad”. En un mitin realizado recientemente en la capital cruceña los llamó “seudo periodistas”, “mercenarios de la comunicación”, “periodistas vendidos”, “mitómanos” y “amarillistas”, tras la difusión de una información referida a las actividades de Yango, empresa que ofrece servicios de transporte y a un supuesto fraude electoral que se estaría preparando para la segunda vuelta, respectivamente. Por si fuera poco, en ese mismo acto, sus seguidores agredieron físicamente a varios periodistas de la capital oriental.
El ataque a los medios de comunicación puede interpretarse de varias maneras, todas ellas alarmantes para la salud democrática de Bolivia. La crítica a la prensa evidencia la incomodidad del candidato ante la fiscalización de sus actos y declaraciones. Un candidato que se siente seguro de sus propuestas y que nada tiene que esconder no debería temer a las preguntas de los periodistas, sino utilizarlas como una oportunidad para clarificar su mensaje.
Al debilitar a la prensa, el candidato allana el camino para ejercer un poder sin límites en caso de ganar el balotaje previsto para el 19 de octubre próximo. Un gobierno sin contrapesos mediáticos ni ciudadanos, es un gobierno que puede actuar de forma arbitraria, ocultar información y vulnerar derechos con mayor facilidad.
La ciudadanía, al no tener acceso a información verificada y a distintas perspectivas, queda más expuesta a la manipulación y la desinformación. La libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, se ven amenazadas. Un electorado desinformado no puede tomar decisiones conscientes y responsables, lo que degrada la calidad del debate público y el ejercicio democrático.
Por otro lado, esta actitud favorece únicamente al candidato, le permite consolidar una base de votantes que se siente agredida por “el sistema” y que solo confía en su líder. El candidato logra polarizar el debate y desviar la atención de temas cruciales, como la economía, la justicia o la salud, para centrarse en una narrativa de victimización.
En última instancia, el ataque a la prensa no es un simple cruce de acusaciones, sino un ataque directo a la democracia. La democracia no es solo el acto de acudir a las urnas y votar, sino un sistema basado en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a la pluralidad de opiniones.
Cuando un candidato ataca a la prensa, ataca a uno de sus principales guardianes y se posiciona como una amenaza para la estabilidad de las instituciones. Bolivia, como cualquier país que valora su libertad, debe estar alerta ante este tipo de discursos y exigir a sus líderes el respeto irrestricto a la libertad de prensa. Si un candidato pretende llegar al poder debilitando a la prensa, lo que busca no es gobernar en democracia, sino gobernar sin ella y eso debe encender todas las alarmas.
Retórica contra la prensa
Jhonny Salazar Socpaza
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