La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitará a la justicia que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, sea recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, La Paz.
De acuerdo con el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, después que el vuelo que traslada a Murillo aterrice en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, de inmediato, la Policía ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes y lo trasladará a La Paz, donde enfrentará audiencias judiciales por los procesos abiertos en su contra.
El procurador General del Estado, Ricardo Condori, confirmó que la institución solicitará en audiencia que el exministro sea llevado a Chonchocoro para cumplir las dos sentencias ejecutoriadas que tiene en Bolivia y enfrentar los demás procesos pendientes. “Estamos hablando de delitos de corrupción, de los casos Gases Brasil y Gases Ecuador, y de otros procesos como el denominado Golpe I. Por la naturaleza de los cargos, corresponde su traslado al penal de máxima seguridad”, explicó.
Murillo, considerado uno de los hombres fuertes del gobierno transitorio de Jeanine Añez, fue arrestado en Estados Unidos en mayo de 2021, acusado de participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado con la compra de material antidisturbios con sobreprecio. En enero de 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión tras declararse culpable, aunque fue liberado de manera anticipada en junio de este año por buena conducta y entregado a las autoridades migratorias.
Pese a que solicitó asilo político o la deportación a un tercer país, incluso sugirió Croacia como destino, la justicia estadounidense rechazó ambos pedidos y dispuso su expulsión a Bolivia.
En el país, Murillo debe cumplir dos condenas firmes: cinco años y cuatro meses por el caso “Gases Ecuador”, que involucra el ingreso irregular de armamento desde ese país, y ocho años por el caso de los “gases lacrimógenos”, debido a un millonario daño económico ocasionado por la compra de equipos antimotines con sobreprecio. Además, enfrenta más de seis procesos adicionales por delitos vinculados a corrupción y violaciones a los derechos humanos. (Brújula Digital)
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