Hoy en nuestra patria el fraude y la corrupción se hacen parte de la administración y control operativo, administrativo y judicial de empresas, en general y, en particular, donde son manejados recursos públicos.
Según indicadores de Transparencia Internacional, nuestro país está situado con un índice de 28, en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente), y es el 133 entre los 180 países del índice, altamente corruptos en el sector público.
Vivimos en un ambiente cultural que ha incorporado estos delitos como parte normal de nuestra subsistencia, que inclusive tolera pacientemente a los pocos denunciados con fines de alarma y confrontación partidista, política y social.
Los organismos creados para el efecto son ineficaces e ineficientes, ante la supremacía del sometimiento político y organizacional de instituciones privadas y públicas. Casi nadie cumple con el deber normativo establecido, con la ética personal y profesional.
Se ha rebasado la institucionalidad en muchos estamentos de control y justicia, se ha deformado nuestra cultura social, haciendo parte de nuestra sociedad la tolerancia al fraude y la corrupción creciente.
Hace 24 años, en dos textos de mi autoría, denominados “Auditoría Forense”, propuse establecer para estos delitos una especialidad de evidencias técnicas, que ayude a detectar y detener el fraude y la corrupción, acreditados inclusive internacionalmente. Se plantea poner en vigencia las auditorías forenses frecuentes, recomendando: “Si ahora no se empieza, muy pronto no habrá quien quiera luchar, ni contra quién luchar, pues la inmoralidad será una enfermedad endémica y la moral será una planta exótica”.
Mencioné también que el fortalecimiento de la práctica de auditorías forenses sea apoyado por profesionales especializados, que además de su preparación posgraduada, fueran seleccionados y evaluados para su desempeño, con mecanismos estrictos de selección moral y ética. Serían avalados por un comité técnico intercolegiado que coopere en la investigación de la conducta, diligencia y accionar profesional desempeñado y a desempeñar. También se necesitará el apoyo de toda la sociedad (gobernantes y gobernados).
Por ello, resulta urgente sugerir al próximo mandatario electo que tome en cuenta estas recomendaciones, para diseñar e implementar un completo marco legal expreso y normativo, desde lo conceptual hasta su praxis, que respalde el desempeño independiente y responsable de profesionales especializados y multidisciplinarios, que se encarguen de detectar y detener el fraude y la corrupción galopante en nuestro país. Señalamos, además, que a la fecha no existen en nuestro país dichas disposiciones legales específicas, operativas y estratégicas para combatir estos delitos, tampoco se cuenta con los profesionales acreditados y seleccionados para este tipo de auditorías forenses.
El autor es auditor financiero, docente emérito y consultor independiente de empresas.