En la democracia hay una crisis silenciosa, pero profunda, por la progresiva politización de instituciones que deberían ser independientes y técnicas. El proceso de selección de autoridades electorales, defensores del pueblo, contralores, magistrados y otros cargos jerárquicos, a través de filtros parlamentarios, ha generado una dinámica perversa, que compromete la independencia institucional por intereses políticos y, en casos extremos, por prácticas corruptas que socavan los fundamentos democráticos.
La captura del Estado se ha convertido en un problema endémico. Los gobernantes han sido capturados por los grupos de más altos ingresos, con la colaboración de los políticos, una situación que genera desconfianza, malestar y, con frecuencia, estallidos de ira popular. Este fenómeno se extiende más allá de la influencia económica, para abarcar el control político directo de instituciones del sistema democrático.
El proceso de selección política de autoridades representa una forma específica de captura institucional. Cuando los parlamentarios se convierten en los gatekeepers de estos nombramientos, se crea un sistema de dependencias políticas que compromete la neutralidad e independencia que estas instituciones requieren para funcionar eficazmente.
El modelo de selección parlamentaria de autoridades genera múltiples problemas estructurales, en primer lugar, transforma a instituciones técnicas en espacios de negociación política, donde las competencias profesionales quedan subordinadas a consideraciones partidarias. Los candidatos a estos cargos deben atravesar un proceso de aprobación que, los compromete con quienes tienen el poder de confirmar o rechazar sus nominaciones.
La práctica de cobrar “tributos” políticos o económicos por estos nombramientos, representa una forma de corrupción institucionalizada que pervierte el propósito mismo de estos cargos. El financiamiento político está mal regulado y las legislaciones existentes no son aplicadas correctamente, creando un ambiente propicio para este tipo de prácticas.
La independencia, por ejemplo, del sistema de justicia se ve afectada por esta dinámica. La politización y la corrupción son dos elementos que inciden mucho en la independencia de la justicia. Según expertos en la materia, cuando las autoridades deben su nombramiento a favores políticos o económicos, su capacidad para actuar con imparcialidad se ve comprometida.
El concepto de “pagar la factura” representa una realidad tangible. Las autoridades que acceden a sus cargos mediante negociaciones políticas quedan “endeudadas” con quienes facilitaron su nombramiento. Esta deuda puede manifestarse de múltiples formas: decisiones sesgadas (favorecimiento de ciertos partidos o candidatos, por ejemplo, cuando es en el ámbito electoral), omisiones estratégicas (falta de investigación o sanción de irregularidades, por ejemplo, cuando es en el judicial), compartir información privilegiada o investigaciones, y la legitimación de irregularidades cuando benefician a los grupos políticos.
La solución a esta problemática requiere reformas estructurales que vayan más allá de cambios cosméticos. Es necesario establecer mecanismos de selección que privilegien criterios técnicos y profesionales por encima de consideraciones políticas. Algunas opciones incluyen: la implementación de concursos públicos de méritos transparentes; la creación de comisiones técnicas independientes, con representantes de la academia, sociedad civil y colegios profesionales; el establecimiento de períodos de incompatibilidad para personas con cargos políticos previos; y una transparencia total en el proceso de selección, haciendo públicos todos los criterios, evaluaciones y decisiones para el escrutinio ciudadano.
La politización de las instituciones representa una amenaza para la democracia. Cuando estas instituciones quedan capturadas por intereses políticos particulares, se desgasta la confianza ciudadana en el sistema democrático y se abren espacios para prácticas autoritarias.
La percepción de que las autoridades están “pagando la factura” de compromisos políticos previos no es solo una intuición, sino una descripción acertada de cómo funcionan los sistemas políticos. La reforma de estos mecanismos de selección no es solo una necesidad técnica, sino un imperativo democrático. Solo mediante la despolitización efectiva de estas instituciones será posible recuperar la confianza ciudadana y garantizar que cumplan su función esencial de proteger la integridad del sistema democrático.
La experiencia regional demuestra que esta transformación es posible, pero requiere voluntad política, presión social y el diseño cuidadoso de instituciones que privilegien la competencia técnica por encima de la lealtad política, El futuro de la democracia depende, en gran medida, de nuestra capacidad para implementar estas reformas.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com