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Tribunal envía a prisión a Santos Cerdán por presunta corrupción

El juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En concreto, considera que pudo incurrir en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En un auto al que tuvo acceso RTVE, el magistrado advierte que de no adoptarse la medida cautelar, el investigado podría «ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento». Responde así a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, que solicitaron su ingreso en prisión.

Leopoldo Puente, que no acordó esta misma medida para el resto de los investigados, argumenta que lo hace en el caso de Cerdán porque «no ha podido practicarse todavía la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial». A su vez, subraya que no se llevó a cabo un registro domiciliario por «su inicial condición de diputado del Congreso», aunque renunció a su escaño la semana pasada.

En el escrito, el instructor expone que ve «consistentes indicios de criminalidad» que apuntarían a que Cerdán era quien se encargaba de reclamar el dinero a las constructoras «indebidamente favorecidas», que luego hacía llegar al exministro, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Con ellos mantendría una «relación vertical de cierta preeminencia» dentro de la presunta organización.

Además, no descarta que pueda haber más personas físicas o jurídicas que se podrían haber lucrado de la trama de adjudicaciones, puesto que el «botín indiciariamente obtenido» por Ábalos y Koldo, que ascendería a un millón de euros, representa «un porcentaje insólitamente mínimo».

El juez argumenta que si el importe del premio económico por las obras públicas hubiera constituido, por ejemplo, un 1% del valor de las adjudicaciones, porcentaje que considera «muy contenido» al compararlo con otras causas judiciales similares, dicho premio «equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros», varias veces mayor que la parte que indiciariamente les correspondía.

 

CERDÁN CUESTIONA AUDIOS

La decisión del juez instructor llega después de que el que Cerdán se haya declarado inocente en su primera comparecencia judicial como investigado.

Según fuentes presentes en la sala, Cerdán afirmó sentirse víctima de una «persecución política» y negó haber intervenido en repartos de comisiones o en las presuntas adjudicaciones irregulares durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes, como señala el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«No he pagado a Ábalos ni a Koldo. Al PSOE tampoco», insistió Cerdán, que sí reconoció un pago de 600 euros a una cuenta del BBVA por una devolución del exasesor ministerial por una deuda que contrajo con él en agosto de 2017.

Asimismo, el exdirigente socialista incidió en que los audios analizados por la UCO están descontextualizados y avanzó que aportará una prueba pericial. Así, su defensa señaló que no se tratan de escuchas, que no les consta la diligencia del volcado de los dispositivos incautados y que una de las grabaciones tuvo que ser sometida a una limpieza de ruido.

No obstante, el juez respondió que para que estas grabaciones fueran producto de una manipulación, resultaría necesario que «la fuerza actuante» alterara de forma «evidentemente delictiva» los archivos o bien que hubiera sido Koldo quien, a lo largo de varios años, los hubiese creado «imitando la voz» de Cerdán, «preocupándose también, de manera minuciosa, de etiquetar y contextualizar los archivos con ciertos mensajes de texto también intercambiados».

«Todo ello sin ninguna finalidad o beneficio aparente, máxime cuando en dichas conversaciones también resultan contundentes indicios de criminalidad con relación al propio don Koldo García», agregó.

Además, recuerda que no son los únicos indicios y destaca presunta su vinculación con Servinabar 2000 SL, que se vería reflejada en algunas transacciones y transferencias «periódicas», patentes a través de los mensajes con Koldo García, en favor de la Fundación Fiadelso (creada por Ábalos) que dejarían entrever que disponía de «cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación» con la empresa.

El informe de la UCO refleja que esta empresa recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están ahora bajo la lupa del Supremo.

 

«PERSECUCIÓN POLÍTICA»

Por otro lado, el exnúmero tres del PSOE atribuyó la apertura de esta causa judicial a una «persecución política» que respondería a su papel en las negociaciones para la investidura con el PNV y EH Bildu, así como por haber sido el principal interlocutor entre el PSOE y Junts. Por ejemplo, recordó que él fue el encargado de anunciar el acuerdo para la ley de amnistía desde Bruselas.

A juicio de Cerdán, los «avances» aportados por el Gobierno actual «molesta a los poderes» y advirtió de que el siguiente «objetivo» será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber negociado con ERC.

Durante su declaración, el exsecretario de Organización se presentó como «el arquitecto de obras de gobiernos progresistas» y defendió que su relación con el administrador de la empresa Servinabar, Joseba Antxón Alonso, facilitó que el PNV votara a favor de la moción de censura que el PSOE presento contra el expresidente Mariano Rajoy.

En relación con la compra de acciones de Servinabar, Cerdán declaró que Antxón le ofreció el contrato, pero, siguiendo el consejo de su mujer, lo rechazó para seguir en política y le pidió que rompiera el papel. Por eso, cree que no tiene ninguna validez. Su defensa, de hecho, lo considera «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».

Para el juez, pese a que el documento no llegó a elevarse a público, esta circunstancia «no le privaría de valor y eficacia entre las partes» y subrayaría, de nuevo, «el vínculo» que mantuvo «con la mencionada mercantil».

Las escrituras del contrato, fechadas el 1 de junio de 2016, fueron incautadas hace pocas semanas durante un registro policial en el domicilio del empresario y en ellas presuntamente se transfiere al exdirigente socialista 1.350 participaciones sociales, lo que supone el 45% de las 3.000 que constituyen la sociedad.

 

CUSTODIAR LOS AVALES

Por otro lado, el exsecretario de Organización socialista aseguró que Koldo García se ofreció a custodiar los avales con los que Pedro Sánchez se presentó para liderar al PSOE en 2017.

Según las fuentes consultadas, Cerdán detalló que Koldo García acabó siendo designado asesor de Ábalos, un nombramiento que se habría comenzado a gestar a partir del Congreso Federal de los socialistas en julio de 2017. En esa fecha, el partido necesitaba un conductor y el nombre de Koldo García salió a colación porque el resto del equipo de las primarias le conoció después de que se ofreciese a custodiar dos noches los avales de Sánchez.

Antes de eso, estuvo también implicado como voluntario en «temas de seguridad». No tenía relación laboral, sino la de «dos compañeros militantes del PSOE».

Respecto a la designación de altos cargos en los Ministerios, afirmó que en muchos de los casos «se consulta con el partido» por si existen perfiles que se puedan adaptar a los puestos y que sean acordes al PSOE. «Yo no propuse personas ni nombres, recibí listados de gente», señaló.

 

ANTICORRUPCIÓN

En línea con el informe de la Guardia Civil y el magistrado, la Fiscalía Anticorrupción también situó a Cerdán a la cabeza de la organización y pidió el ingreso en prisión ante el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. A esta petición se sumaron las acusaciones populares, cuya dirección letrada dirige el PP.

Cabe recordar que Anticorrupción no pidió prisión para Ábalos y Koldo, sino mantener las medidas cautelares ya aplicadas: la retirada del pasaporte con la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de declarar los días 1 y 15 de cada mes.

Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender que el PSOE «actuó de manera contundente desde el primer momento» y emplazó a dejar actuar a los tribunales. «Ahora es el momento de la justicia, es la que tiene que dirimir qué responsabilidades tiene Santos Cerdán», sostuvo en una comparecencia desde la Conferencia de la ONU en Sevilla.

Sánchez, que afirmó que ofrecerán máxima colaboración con la justicia, sostuvo que desde el punto de vista político la disposición del PSOE contra la corrupción revela «una posición muy distinta del partido que dirijo a la de otras formaciones que no asumen responsabilidades».

Fuentes del PSOE admiten que la imagen de un exsecretario de Organización del partido entrando en prisión será demoledora, aunque consideran que el daño ya está hecho.(RTVE.es)

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