Desde jueces hasta ministros, altas autoridades y políticos ligados a escándalos de corrupción usan la enfermedad y el deterioro de su estado de salud para dilatar procesos judiciales, obtener beneficios o incluso evitar ser enviados a un recinto penitenciario con detención preventiva, según explicó el abogado penalista, Marcelo Ramos, a EL DIARIO.
“Sin duda, estamos ante evidentes chicanas jurídicas, ya que algunos políticos están utilizando la enfermedad como una estrategia para evitar ingresar a la cárcel, generalmente con el objetivo de dilatar procesos judiciales, obtener beneficios procesales o finalmente eludir la acción de la justicia y ganar tiempo”, expresó Ramos en entrevista con este matutino.
Recalcó que “es una práctica común” que autoridades y líderes políticos usen la enfermedad como una táctica para protegerse ante medidas cautelares, a través de la manipulación de vacíos legales, medidas humanitarias y el propio sopor del sistema judicial que, de por sí, se encuentra altamente congestionado.
Esta realidad, según Ramos, revela “que la ley no es igual para todos y en Bolivia existen ciudadanos de primera y de segunda, pues se ha visto cómo a (la expresidenta) Jeanine Añez y (al gobernador cruceño) Luis Fernando Camacho no les permiten ni siquiera salir del penal para atender su salud”, mientras que otras autoridades del gobierno de turno que enfrentan procesos aparentemente “no llegarán a poner un pie en la cárcel”.
“¿Cuántos ciudadanos enfermos, ancianos, discapacitados y personas incluso con enfermedades más graves totalmente acreditadas se encuentran en recintos penitenciarios con detención preventiva y hasta cumpliendo condena y para ellos no existen estas preferencias?”, cuestionó el profesional a EL DIARIO.
En su criterio, algunas “descompensaciones” pueden también acontecer con el objetivo de generar compasión social o empatía pública, como parte de una estrategia comunicacional o política en la que se los presenta como víctimas de una “persecución”, sobre todo con temas de salud o deterioro físico extremo.
CASO CONSORCIO
El jurista fue consultado acerca de cómo se explica que varios implicados en el caso “consorcio judicial” fueron curiosamente hospitalizados por razones médicas al mismo tiempo que afrontaban audiencias cautelares en la investigación, incluyendo al exministro de Justicia, César Siles, quien permanece internado en un centro médico de La Paz tras recibir detención preventiva en Patacamaya, días después de difundirse un audio con su voz, en la cual presuntamente instruye a un juez emitir fallos en perjuicio de una magistrada electa.
Ramos recalcó el hecho de que “justamente quienes fueron sometidos a detención preventiva, se descompensan de inmediato y deben ser trasladados a centros médicos para ser atendidos por supuestas dolencias que, obviamente, generan dudas razonables en la sociedad”.
Explicó que esta situación se vio en al menos tres casos de los implicados en el caso: la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, sufrió una descompensación en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) justo después de ser aprehendida; luego, cuando se dispuso su detención preventiva minutos después del incidente, fue evacuada del recinto en una ambulancia.
Ramos también citó el caso del expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdoba, quien “fue trasladado a un centro médico por un supuesto tema de una presunta embolia o accidente cardio-vascular (ACV) y luego internado por varios días”. Luego de unos días y de manera misteriosa —en su criterio— Córdoba fue visto en público presentándose en dependencias de la Fiscalía “en medio de aplausos y en perfecto estado de salud”, según el entrevistado.
En cuanto a Siles, la exautoridad fue internada en una clínica privada en Miraflores por una presunta descompensación que sufrió instantes después de que un juez dispuso su detención preventiva por cinco meses. Ramos afirmó que, luego de que la defensa legal aseveró que Siles continuará internado por varias semanas, es evidente que “el único fin es evitar su ingreso a la cárcel”, tiempo en el cual seguramente “modificará su situación jurídica para ser liberado o salir (del centro médico) con detención domiciliaria”.
Para el abogado, mientras las autoridades no valoren o certifiquen que estas personas en efecto padecen una condición terminal, deben ser enviadas al penal y cumplir su medida cautelar mientras dure la investigación, pues la ley debe ser igual para todos.
“Si solo es una estrategia para evitar la imposición de la medida cautelar más severa y, si se evidencia que la persona está manipulando médicos e informes para evitar su traslado, eso se configura en delitos como uso indebido de influencias, pues demuestra que está utilizando contactos y su poder para que los médicos lo favorezcan con informes que no demuestran la realidad de su estado de salud”, acotó.
Ramos recordó que el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal determina que una persona no puede ser detenida preventivamente solamente en caso de padecer una enfermedad en grado terminal debidamente certificada, “es decir, cuando la persona está por morir”; pero, como ese no es el caso de las autoridades en cuestión, “estas personas deben ser enviadas al penal para cumplir con la medida cautelar mientras dura la investigación”, arguyendo que la ley debe ser igual para todas las personas.
Foto: Archivo APG