Se cumplió la votación en las primeras elecciones judiciales en México en una jornada marcada por varias protestas y el desinterés de los ciudadanos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, padre de la polémica reforma, reapareció tras ocho meses para emitir su voto.
De los 2.682 aspirantes saldrán, entre otros, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como los jueces que decidirán en el futuro sobre temas como la custodia de un hijo o la extradición de un narcotraficante. Los resultados finales no estarán completos hasta el 10 de junio.
El Poder Judicial en México este año tendrá un cambio radical, luego de que en septiembre del 2024 el Congreso de la Unión aprobó la reforma que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto ciudadano.
¿Esto qué significa? La reforma judicial provocó una clara confrontación entre el oficialismo (Morena, PT y PVEM) y la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano), debido a los cambios que marca la iniciativa en el proceso de selección de los impartidores de justicia a nivel nacional y sus posibles consecuencias en el gobierno, la seguridad y la economía del país.
La reforma judicial se discutió y aprobó en la primera semana de la actual legislatura en el Congreso de la Unión, la cual comenzó el 1 de septiembre del 2024 con una mayoría conformada por la coalición Morena, PT y PVEM, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
En la Cámara de Diputados, la reforma se aprobó en medio de protestas y un paro laboral por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo cual incluso ocasionaron que los legisladores tuvieran que cambiarse de sede para la votación final.
Mientras que, en el Senado, la discusión y votación de la iniciativa fue más compleja. En varias ocasiones, los trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos al recinto, provocando de nuevo un cambio de sede para su aprobación.
A esto, se sumó que, en la Cámara Alta, la mayoría necesitaba el apoyo de un solo legislador de la oposición que votara a favor de la reforma, voto que dio el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en ese entonces pertenecía al PAN y fue calificado como “traidor” por sus compañeros de bancada, generando controversias entre los partidos opositores.
DE LA REFORMA
A LA ORGANIZACIÓN
DE LAS ELECCIONES
Una vez aprobada la reforma judicial, políticos de la oposición y trabajadores del Poder Judicial promovieron amparos para evitar que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, desde el gobierno federal, encabezado por López Obrador y a partir del 1 de octubre, por Claudia Sheinbaum Pardo, ambos del partido Morena, se desestimaron las órdenes emitidas por jueces para eliminar la reforma.
Desde ese entonces, el oficialismo ha defendido que la reforma judicial y con ello, la elección, representan la democratización del Poder Judicial, aseverando que esto ayudaría a la rendición de cuentas y a garantizar que haya cero impunidad, por facilitar la rendición de cuentas, exhibiendo diversos casos de jueces que han liberado a delincuentes.
Esto último, a pesar de la visibilización de las fallas e irregularidades que ocurren en las fiscalías estatales para armar carpetas de investigación, que, de acuerdo con especialistas, es la razón por la que en muchas ocasiones los delitos no llegan a ser judicializados.
Por su parte, la oposición, junto con diversas organizaciones, especialistas y organismos nacionales e internacionales, acusaron que la reforma afectaría la inversión extranjera, el comercio y la seguridad, al considerar que la elección no garantizaría la independencia del Poder Judicial, debido al riesgo de que los candidatos tengan nexos con el gobierno, empresas o el crimen organizado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la organización de las elecciones, sin embargo, poco tiempo después comenzaron las complicaciones debido a que su presupuesto inicial para operar en el 2025 pasó de 35 mil 855 millones 292 mil 618 pesos a 27 mil millones 056 mil 755 pesos, luego de la disminución de ocho mil 855 millones 235 mil 863 pesos que avaló la Cámara de Diputados. (Con información de AP/Infobae)
