Con la aprobación de una norma, se amplía hasta el 31 de octubre el Decreto Supremo (DS) 5321, de ajuste a los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, en los contratos de obras en ejecución firmados por entidades públicas, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
A través de un decreto supremo, el Gabinete Ministerial amplió el plazo para la suscripción de los contratos modificatorios de obras en ejecución suscritos por entidades públicas de todos los niveles de gobierno con el fin de velar por su continuidad y calidad.
La mañana de ayer, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas explicó que muchos contratos no pudieron ser ajustados en el plazo previsto debido a los procesos de confirmación de los nuevos precios, la negociación posterior y los procedimientos que deben realizar las entidades públicas para hacer ajustes presupuestarios.
“Por esta razón se amplió el plazo hasta el 31 de octubre de la presente gestión, para tener un margen suficiente para perfeccionar los contratos modificatorios con las empresas constructoras del país”, explicó Montenegro, en una rueda de prensa conjunta con Jaime Llano, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de La Paz, ofrecida en la Casa Grande del Pueblo.
Otro cambio sustancial incluido en el nuevo decreto es la inclusión de los contratos “llave en mano”, que no estaban contemplados anteriormente y que a partir de ahora podrán beneficiarse del ajuste de precios en los contratos en ejecución, en sus componentes de obras y equipamiento.
“Este decreto va a viabilizar la conclusión de las obras en ejecución”, destacó Llano, en representación de la Cadeco La Paz y de la Cámara Boliviana de la Construcción, quien agradeció la predisposición gubernamental para llegar a un acuerdo.
Montenegro instó a gobernaciones y alcaldías a renegociar los contratos de obras en ejecución al amparo del nuevo decreto. “Si dejan la obra inconclusa porque no se han ajustado los precios unitarios de la construcción, se están generando un problema legal, judicial, a futuro. En el marco de este decreto, es mejor zanjar estos problemas y llevarlos a una adenda para que se puedan terminar las obras”, subrayó.
El decreto modificatorio también amplía hasta el 31 de octubre el plazo para que las entidades del sector público puedan otorgar un anticipo adicional a los contratistas, destinado a la adquisición de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados en contratos de obra y contratos “llave en mano”.
Ese decreto fue consensuado entre la cartera de Economía y Finanzas Públicas; el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; el Ministerio de Planificación del Desarrollo; el Ministerio de la Presidencia; el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
