Ante la situación complicada del sector de hidrocarburos por la falta de exploración y la importación de combustibles, el analista y experto en el tema, Jaime Balanza, plantea reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) y relanzar el sector hidrocarburífero a través de una nueva ley, también para el litio, la minería y las tierras raras.
El pasado año, el exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, abogaba por una nueva ley de hidrocarburos, pero desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se inclinaban por una normativa de incentivos, que al final no se llegó a ninguna propuesta. Al parecer, un proyecto de ley está en la Asamblea, esperando a que se apruebe.
Al respecto, el analista y experto en el tema de hidrocarburos, Jaime Balanza, en el programa 360 Conversatorio, aplazó a ambos debido a que la propuesta de incentivos no tiene sentido y más bien planteó encarar el problema de frente y encontrar la razón del porqué no invierten en exploración las empresas petroleras.
“Queremos ser competitivos”, apuntó a tiempo de indicar que no se puede ser, sino se ofrece seguridad jurídica y no es a través de una ley (de incentivos) que va en contra posición de la Constitución, ya que lo que sugieren son parches.
Apunta a la Constitución e indica que tenemos una norma postraumática y lo que se debe hacer es flexibilizarla, a través de reformas parciales, ya que la misma no sólo frena el desarrollo del sector hidrocarburífero, sino de otros emprendimientos.
“Ya no se trata sólo de explotar, sino de aprovechar”, asegura a tiempo de realizar una cronología de las normas que precedieron a la nueva Constitución Política del Estado.
Recordó que en 2004 se realizó el referéndum del gas, en 2005 se aprobó una nueva ley de hidrocarburos, en 2006 se promulgó el decreto de la Nacionalización y en 2009 se aprobó la nueva CPE.
Esa cronología de normas provocó una pirámide jurídica institucional al revés. “Si nosotros queremos ofrecer seguridad jurídica para desarrollar la industria de hidrocarburos, litio, minería y tierras raras, primero tenemos que reformar nuestra Constitución”, puntualizó Balanza.
Una vez realizada la reforma, se va por la elaboración de una ley para relanzar la industria petrolera, del litio, de la minería y de las tierras en Bolivia, invitando a todos los capitales del mundo para que se establezcan en el país, sostuvo.
Sin embargo, ese proceso tiene que mirar las normativas de los países de la región, para competir por capitales privados, atraer inversiones y aprovechar los recursos naturales del país en favor de los bolivianos, agrega.
Retos urgentes
de largo plazo
Entretanto, la Fundación Jubileo sostiene que para afrontar la crisis del sector de hidrocarburos, se requiere medidas urgentes y estructurales que tendrá que asumir la próxima gestión de gobierno.
“Bolivia debe encarar una nueva política energética que establezca una hoja de ruta para una transición energética y fiscal, con una proyección de varias décadas, con nuevas leyes sectoriales para electricidad e hidrocarburos con una visión de largo plazo y acorde a la nueva realidad nacional, regional y mundial”, planteó.
El país se dirige a un escenario de mayor importación, no solo de gasolina y diésel, sino también de GLP y gas natural, por ello es importante: en el corto plazo, eliminar o, al menos, refocalizar la subvención a los hidrocarburos, tanto para el consumo de diésel y gasolina, como para el GLP y gas natural, considerando que en el caso de los dos primeros existe una subvención directa y, en los otros dos, vía costo de oportunidad con relación a su precio de exportación.
También sugiere liberar la importación y la comercialización de combustibles. Para que pueda ser aplicable, es fundamental haber cumplido con la recomendación anterior, ya que no es viable para un inversionista importar combustibles a precio internacional y vender a un precio similar en el mercado interno teniendo a YPFB como competidor con combustible subvencionado. Asimismo, es importante que esta liberación en la importación y comercialización sea de manera indefinida.
Utilizar el sistema de ductos para la importación de combustibles o petróleo crudo, dejando al transporte por cisternas como una alternativa complementaria, esto con el propósito de minimizar pérdidas y promover una eficiencia de costos, de acuerdo con Jubileo.
Plazos
Para el mediano y largo plazo, es urgente y necesario iniciar el debate de nuevas leyes de electricidad e hidrocarburos que consideren una mayor participación del sector privado en la transición energética; definan un marco institucional con roles claros para los diferentes actores sectoriales; reglas que promuevan la transparencia y acceso a información; condiciones previas al desarrollo de proyectos energéticos (consulta previa, criterios de selección de empresa, etc.); contenido mínimo de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos; condiciones para el desarrollo de mercados (precios, tarifas, márgenes); régimen fiscal con un equilibrio razonable entre Estado y empresas privadas; y directrices para el uso de la renta hidrocarburífera considerando criterios de sostenibilidad, diversificación económica y financiamiento de la propia transición energética. Fuente: Fundación Jubileo.

