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Declaratoria de emergencia nacional

Instruyen a entidades financieras atender reprogramaciones o refinanciamientos

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de la declaratoria de “Situación de Emergencia Nacional por la presencia de inundaciones y eventos adversos asociados”, dispuesta por el Gobierno nacional, instruyó a las Entidades de Intermediación Financiera y a las Empresas de Arrendamiento Financiero atender las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de operaciones de crédito de prestatarios afectados por dichas circunstancias.
La determinación se basa en el Decreto Supremo N° 5358 de 26 de marzo de 2025 y la Resolución N° 020 de 31 de marzo de 2025, emitida por el Consejo Nacional de Autonomías.
Las entidades financieras deben evaluar cada solicitud de manera individual, considerando la situación actual y particularidades de cada cliente, así como las perspectivas futuras de las actividades económicas de los prestatarios, conforme lo establecido en el Decreto Supremo N° 5241 de 2 de octubre de 2024 y en la normativa vigente de ASFI.
Los refinanciamientos y/o reprogramaciones podrán contemplar la inclusión de periodos de gracia y/o prórroga de capital e intereses, así como otras condiciones favorables que faciliten su recuperación financiera, siendo importante destacar que estas operaciones no implicarán, de manera automática, una reclasificación del deudor a una categoría de mayor riesgo, señala una nota de prensa institucional.
El plazo máximo para la atención de las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación no debe exceder los (30) días calendario, teniendo las entidades financieras que garantizar un trato equitativo y transparente, proporcionando información clara, veraz y accesible, actuando con la debida diligencia en beneficio de los deudores afectados, disponiendo, además, los canales de comunicación efectivos para la atención de consultas y solicitudes, instruye la entidad reguladora.
En consecuencia, “las Entidades de Intermediación Financiera deberán priorizar la implementación de estas medidas en favor de los prestatarios afectados, contribuyendo a la recuperación económica de las regiones impactadas por los eventos mencionados”, establece.

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