La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Julia Ríos, informó ayer que impugnará el sobreseimiento emitido por la Fiscalía a favor del empresario dueño de la constructora Loritas Edificios, Harold Lora, en un caso que enfrenta por supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros procesos penales.
El miércoles, la Fiscalía resolvió el sobreseimiento a favor de Lora por considerar que los elementos probatorios en la etapa preparatoria eran insuficientes para fundar una acusación por este delito. Con este dictamen también se beneficiarán los coacusados, Hugo L. y Nicole A.
Ríos criticó esta decisión judicial como una “muy mala apreciación” por parte de la Fiscalía y afirmó que será objetada, sosteniendo que tales autoridades no estarían valorando la situación de las víctimas ni toda la información sobre las supuestas actividades financieras irregulares del empresario, como el registro de comercio y otros antecedentes presentados por el Viceministerio, que evidenciarían una mala utilización de los recursos de muchas personas.
“Lo que corresponde en este momento es presentar una impugnación ante esa decisión y vamos a esperar que la Fiscalía de Distrito, obviamente, valore de manera más objetiva toda esta situación. Esperemos que justamente se reencamine este proceso de investigación”, señaló Ríos en declaraciones a la prensa, citada por Brújula Digital.
Advirtiendo una “gestión realmente difícil” en este caso, Ríos manifestó que fue “ingratamente sorprendida con esta decisión de las autoridades del Ministerio Público” por no haber valorado la información desde un inicio, “donde ya se alerta lo que muchos ciudadanos víctimas de múltiple estafa han ido denunciando permanentemente en relación a la actividad que realizó esta empresa con el dinero que estafaron a muchas personas”.
EL CASO
Lora fue enviado a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, en junio de 2024, tras una imputación de la Fiscalía basada en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que señalaba que su padre, un exoficial de Policía, supuestamente le transfirió seis inmuebles y luego fue detectado realizando movimientos económicos irregulares.
Sin embargo, Lora enfrenta otros procesos por estafa con agravante de múltiples víctimas, ya que la Fiscalía también lo acusa de haber recibido pagos por departamentos que nunca fueron entregados a los compradores.
La investigación señala que al menos 24 personas compraron propiedades en condominios de Las Loritas en Calacoto y Obrajes, entre 30.000 y 57.000 dólares. Aunque las transacciones fueron legalizadas ante notarios, las viviendas nunca fueron entregadas ni se reembolsó los pagos adelantados.
Créditos: APG