Los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, todos del gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, fueron sentenciados a cinco años y cuatro meses de prisión por haber internado al país, de manera irregular, gases lacrimógenos desde Ecuador.
Mientras, el militar exasistente del Ministerio de Defensa, Héctor Pérez Ortiz, recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión en la cárcel de San Pedro.
La determinación fue asumida por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz que los declaró culpables por el delito de incumplimiento de deberes. “Todos (los sentenciados) deberán pagar costes, daños y perjuicios en favor del Estado”, señala una nota de prensa de la Procuraduría.
Según la resolución, los exministros de Añez deberán guardar detención preventiva en los penales de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, ambos en la sede de Gobierno.
El excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, también se encontraba procesado; sin embargo, la autoridad jurisdiccional dispuso una condena absolutoria debido a que las pruebas “no aportaron lo suficiente” para que sea sentenciado, informó su abogado, Francisco Romero.
La investigación estableció que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre Murillo, López, Lizárraga y otras autoridades, se tomó contacto con la Policía de Ecuador y se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia en calidad de préstamo.
Tres días después, los hechos violentos registrados en Senkata, El Alto, dejaron un saldo de 11 personas fallecidas. El gobierno de Luis Arce denunció que el armamento fue utilizado para esa represión.
Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302; 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37 mm; 560 proyectiles de corto alcance, calibre 37 milímetros; y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, aplaudió la sentencia y mencionó que la considera un “hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad”. (Con información de Erbol)