El sector productivo de Tarija y el país exigen a las autoridades gubernamentales facilitar condiciones adecuadas e incentivos para no llegar a una crisis alimentaria en 2025, según el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández.
“Como sector productivo estamos haciendo todos los esfuerzos para concretar la siembra de la campaña de verano 2024-2025 con 1.5 millones de hectáreas de soya, maíz y sorgo, a pesar de todas las adversidades”, afirmó Hernández.
El ejecutivo manifestó que el Gobierno central debe generar las condiciones adecuadas para que el sector continúe produciendo.
Por su parte, el gerente de la Cámara Agropecuaria de Tarija (CAT), Esteban Miranda, coincidió con Hernández, al decir que el sector productivo no tiene el apoyo necesario ni las condiciones adecuadas.
“Los productores estamos a la suerte de que Dios nos mande, estamos desprotegidos porque no tenemos seguro agrícola ante los fenómenos climatológicos”, mencionó.
Según Miranda, la CAT plantea también la cosecha de agua para garantizar el riego en época de sequía y flexibilidad para la importación de insumos.
Hernández demanda al Gobierno generar condiciones adecuadas e incentivos al sector productivo, garantizando financiamiento para producir y el abastecimiento de diésel en el momento oportuno.
“Debe dejar de intervenir con restricciones y regulaciones que solo generan distorsiones en la cadena productiva e incertidumbre para producir”, advierte el gerente de Anapo.
Los productores lidian con las cuantiosas pérdidas por la sequía y el granizo, la escasez de diésel, el incremento en los costos de los insumos por la falta de dólares y ahora con la intervención gubernamental de suspender las exportaciones.
PUNTO DE VISTA
La biotecnóloga Cecilia González sostuvo que “en países como Bolivia, la crisis se ha manifestado de manera palpable. La escasez de combustibles y la inflación desmedida han desatado protestas masivas, evidenciando el descontento social ante un contexto económico cada vez más precario”.
Los ciudadanos enfrentan no solo el aumento de precios en productos básicos, sino también la dificultad de acceder a alimentos nutritivos. Este escenario plantea serias preguntas sobre la capacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las poblaciones más vulnerables.
La situación se complica aún más con el pesimismo que predomina entre los exportadores bolivianos, quienes anticipan que las condiciones económicas seguirán deteriorándose en 2025.
Este pesimismo no solo afecta a los productores agrícolas, sino que también repercute en toda la cadena de suministro alimentario. La falta de inversión en infraestructura agrícola y en tecnologías sostenibles limita la producción y distribución de alimentos, lo que pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria de muchos países de la región.
Ante este panorama, es imperativo que los gobiernos implementen políticas públicas efectivas y sostenibles para mitigar el hambre y garantizar el acceso a alimentos. (Tarija Economía)
