En solamente 16 días, cuatro mujeres han sido asesinadas en Cochabamba por sus esposos, parejas y exparejas, todas jóvenes madres menores de 32 años; en total, 12 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por los crímenes de cuatro feminicidas. Con estos casos, Cochabamba volvió al primer lugar en feminicidios de Bolivia, junto a La Paz, con diez casos.
Esto no sucedía en el departamento nuclear del país desde hace varios años y causa preocupación entre autoridades, activistas y representantes de instituciones que trabajan en la prevención y lucha contra la violencia.
De acuerdo con las cifras actualizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), La Paz y Cochabamba ubican los primeros lugares de feminicidio en 2024, con diez casos en cada departamento hasta el 20 de junio. Les siguen Santa Cruz con tres casos, Tarija con cuatro, Potosí y Oruro con tres cada uno, y finalmente Sucre y Beni con dos, respectivamente.
El último caso ocurrió en la comunidad de Sorata, municipio de Sipe Sipe, donde José R. V. confesó haber estrangulado a su concubina hasta la muerte luego de una discusión, dejando tres menores en la orfandad.
La Fundación Voces Libres, que monitorea estos crímenes y asiste a las víctimas con defensa legal y ayuda psicológica profesional, busca responder por qué la violencia contra las mujeres ha recrudecido en este tiempo. La coordinadora nacional de esta organización, Mercedes Cortez, identificó cinco motivos.
VIOLENCIA
NATURALIZADA
En primer lugar, existe una “normalización” de la violencia en todos los ámbitos: en las calles, en los mercados, en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en los espacios culturales, deportivos, a través de los medios de comunicación, las redes sociales y, sobre todo, en las familias.
En estos espacios es común que se vea con normalidad que, por ejemplo, los parientes de un agresor justifiquen sus malos actos culpabilizando a las víctimas y obligándolas a la conciliación y a dar una “segunda oportunidad” que muchas veces se convierte en la última de sus vidas.
FALTA DE EDUCACIÓN
El segundo motivo es la falta de políticas de educación y concientización, detalla Cortez. “No hay una política integral que concientice y eduque a los habitantes de Bolivia de todas las edades. No hay escuelas de padres, no hay terapia para parejas, no existe una educación que enseñe a las mujeres a reconocer las señales de alerta para que denuncien a tiempo y solo se dan cuenta cuando la violencia ya es extrema, cuando el feminicidio es inminente”.
En uno de los últimos casos conocidos en Cochabamba, una joven madre que iba a cumplir 25 años, Jhoselin C., se encontró con su exmarido horas antes de morir. Él se había negado a pagar la asistencia familiar para sus dos hijas y la había amenazado con “hacerle algo”, lo que asustó a las criaturas que la acompañaban. Horas después, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado colgado de un árbol.
IMPUNIDAD
Cuando se tolera la violencia a través de un sistema judicial penal colapsado, burocrático e insensible y que no está preparado para recibir y procesar los casos de violencia intrafamiliar, el tercer motivo es la impunidad.
El 70% de toda la carga procesal penal corresponde a delitos por violencia previstos en la Ley 348. El 99,3% de los procesos por violencia intrafamiliar no llega a una sentencia y en los pocos casos en los que sí se obtiene una, éstas consisten en sanciones alternativas como multas o trabajos comunitarios tales como limpieza de parques, calles y otros.
“Este tipo de sanciones son irrisorias y están legitimando la violencia. Vemos que la justicia está tolerando la violencia y que la sociedad también es cómplice de la violencia porque nadie quiere intervenir en la golpiza a una mujer. Creemos que urge reforzar el sistema judicial para que sea más efectivo, inmediato y que sancione la violencia cuando está en sus primeras fases, no solo cuando ya se convierten en feminicidios”, agregó.
DEPENDENCIA
ECONÓMICA
El cuarto motivo es la dependencia económica de las mujeres respecto a sus agresores. A muchas no les permitieron estudiar ni aprender oficios para que se queden en casa cuidando a los niños. Separarse de sus agresores les causa ansiedad porque no tienen dinero para tomar un alquiler. Por su falta de estudios y capacitación, no tienen facilidades laborales y tampoco saben con quién dejar a sus hijos para emprender, observó Cortez.
Asimismo, el Gobierno se ha limitado a ofrecer casas de acogida en dos o tres departamentos del país. No hay una política integral que fortalezca a las mujeres víctimas y les provea de las herramientas necesarias para cortar con esa dependencia.
“Se necesitan planes de vivienda, planes de trabajo, de capacitación y formación técnica, planes de emprendimientos económicos factibles, centros infantiles estatales para el cuidado de niños, pero los gobiernos no los proponen ni invierten en esto. Hacen falta políticas de Estado que realmente respondan a las necesidades de las mujeres que están enfrentando situaciones de violencia”, detalló.
LEY 348
El quinto motivo es la ausencia de una aplicación efectiva de esta normativa. Si bien la Ley 348 está catalogada entre las mejores leyes de una región de 32 países, en los hechos sigue siendo una teoría porque no se aplica como ha sido diseñada y promulgada. Asimismo, la ley no estuvo acompañada de una estrategia económica ni de una política integral, por lo tanto no se aplica como ha sido concebida, observó la profesional.
Estos incumplimientos han generado, por ejemplo, que a 11 años de su promulgación, no existan centros de rehabilitación del Estado para agresores y que no haya una norma que proteja a los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos.
PALABRAS QUE MATAN
“Como si todo esto fuese poco, se suman los discursos de odio de algunas autoridades que causan confrontación entre hombres y mujeres, pero que, de alguna manera manda un mensaje de minimización y legitimización de la violencia al asegurar que todas las víctimas estarían mintiendo o manipulando los casos, lo cual es una cobardía y una falta de respeto a lo que vemos a diario”, manifestó Cortez.
Agregó que desde que se emitieron esos discursos de odio por parte de altas autoridades de Gobierno, se ha desatado una ola de feminicidios en el país junto con amenazas de modificación de una Ley que ni siquiera el Estado cumple.
Para ilustrar esto, explicó que hasta el 17 de abril, cuando una autoridad pronunció un discurso calificando la Ley 348 como “una norma antihombres”, habían 17 feminicidios en Bolivia. Desde entonces, se registraron otros 24 casos en dos meses. (Con información de Voces Libres)