Ante el alarmante incremento de hechos de violencia relacionada con avasallamientos en el oriente del país, la diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, advirtió que entidades encargadas de la regulación y tenencia de tierras no cumplen con su labor, al grado de incurrir en una especie de complicidad.
“A pesar de las reiteradas solicitudes y petición de atender este dramático conflicto que ha cobrado vidas, los avasalladores continúan amenazando con tomar 6.000 hectáreas en Guarayos”, lamentó la legisladora.
Álvarez sostuvo que el INRA, como entidad encargada de regular la tenencia de tierras, no cumple su labor en Santa Cruz por cálculo político. En estos dos años y tres meses de gestión gubernamental han negado sistemáticamente su participación en la Comisión Agraria Departamental que convocó el gobernador Luis Fernando Camacho.
Sostuvo que esta institución es solo una parte de esa cadena que fomenta el avasallamiento de tierras, que incluye a los denominados grupos interculturales, que son los colonizadores del oriente. Esa “base social” es intocable e impune. El caso Las Londras o la reciente toma en el municipio de San Pedro, con gente armada que se ha acostumbrado a tomar como rehenes a los mismos policías dan cuenta de la gravedad de este conflicto creado por el gobierno del MAS.
“Pero la cadena se extiende a grupos extranjeros, de gente que llega a asentarse y logra comprar tierras, para luego cambiar el uso del suelo de vocación forestal a actividades productivas agrarias o ganaderas, lo que constituye un delito contra el medio ambiente”, indicó.
Agregó que el narcotráfico es finalmente, otro elemento que se comienza a revelar en este circuito de comercio delictivo de tierras, porque aquellos residentes, sobre todo quienes cruzan la frontera con Brasil y que logran la tenencia de tierras, son vinculados con carteles internacionales que estarían lavando dinero en Bolivia.
“¿Quiénes se benefician con ese tráfico? ¿Quién controla la distribución de tierras fiscales? ¿Quién fomenta los desmontes en reservas forestales?”, cuestionó la legisladora.
Observan complicidad de autoridades en avasallamientos
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