El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, rechazó ayer una denuncia presentada por el exdiputado Amilcar Barral, por carencia procesal. El exlegislador pretendía abrir una investigación en contra del expresidente Evo Morales, tras las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la intervención al hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra, en abril de 2009.
“El memorial que antecede y el CD adjunto al mismo (…), se colige que el mismo no se constituye en una denuncia formal o querella interpuesta en contra de alguna persona, en el marco establecido en los artículos 285 y 290 del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco se constituye en una proposición acusatoria”, refiere parte de la respuesta que dio la Fiscalía General al exdiputado Barral.
Al respecto, el abogado Eusebio Vera, manifestó a EL DIARIO que el rechazo a la denuncia de Barral no tendría que afectar el proceso que se debe iniciar porque él no es el obligado a cumplir las recomendaciones de la CIDH, sino la Fiscalía General es la que debería iniciar el juicio de responsabilidades contra la exautoridad.
“El Fiscal General tiene que hacer un requerimiento, si es procedente, de acuerdo a los elementos de prueba que se haya adjuntado, además teniendo en cuenta la relación de hechos, si se adecua a los hechos con un tipo penal. El Fiscal General hace un requerimiento conclusivo dirigido a la Asamblea Legislativa para que ellos aprueben ese juicio de responsabilidades, si lo hicieran, recién se va al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, porque es el único competente para conocer el juicio de responsabilidades”, indicó.
Asimismo, explicó que la denuncia debe ir acompañada de toda la prueba que cursa en el caso terrorismo, sobre todo los informes de la supuesta acción directa y del operativo para la intervención y el asalto al hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009.
“Es una decisión política y quien tiene que activar ese proceso tendría que ser el Fiscal General, porque él es el representante de la sociedad a efectos de iniciar las investigaciones, mediante una solicitud o informe del Ministerio de Justicia porque la autoridad encargada de propugnar, de iniciar el proceso es el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia a través de un informe tiene que dirigirse ante el Fiscal General para abrir esa investigación en función a las recomendaciones de la CIDH”, precisó.
Por otro lado recordó que la recomendación de la CIDH señala iniciar el proceso en un tiempo prudente, y para todo jurista boliviano ese plazo es de seis meses, tomando como parámetro el tiempo máximo de detención preventiva, que es de un semestre.
INFORME
El informe de la CIDH atribuye al Estado la muerte de Michael Dywer, quien junto a Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi perdieron la vida durante el operativo en el hotel Las Américas. Estableció además que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de torturas.