Después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pusiera a Bolivia en la “lista gris”, que implica mayor control y supervisión, además de deteriora la imagen del país y cerrar fuentes de financiamiento, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas realizadas por el organismo internacional.
La autoridad indicó que el objetivo de la misma es para avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.
El 13 de junio, durante una reunión con el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Moneyval), el GAFI incluyó a Bolivia en el grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”), debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo.
Montenegro explicó ayer que el objetivo del proyecto es subsanar la falta de normativa respecto a las técnicas especiales de investigación, punto crítico observado por el organismo internacional.
“Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”, añadió el ministro de Economía durante la rueda de prensa.
La “lista gris” es un registro público de países que, según el GAFI, presentan deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otro, por lo que son “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.
El MEFP recordó que, “como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado”, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo N*1386, con la cual el país cumplía con los requerimientos del organismo.
La Ley N*1386 fue promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021. Sin embargo, la norma fue abrogada en noviembre de ese mismo año, tras movilizaciones promovidas por sectores políticos que con argumentos falsos se opusieron a su aplicación.
Sin embargo, el Ejecutivo planteó otros dos proyectos de ley en septiembre de 2021 y febrero de 2023 (PL218 y PL 280) destinados a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el marco de los estándares internacionales; sin embargo, su tratamiento en la Asamblea fue paralizado. La coalición opositora también bloqueó otras disposiciones para el cumplimiento de los requisitos del GAFI incluidas en el proyecto de Presupuesto General del Estado 2024.
Durante la reunión GAFI/Moneyval del 13 de este mes, el país se comprometió formalmente a corregir las deficiencias observadas. Bolivia tiene dos años para cumplir con las recomendaciones del organismo internacional y que, en ese tiempo, la Asamblea debe viabilizar la aprobación de la normativa necesaria.
En ese marco, Montenegro hizo un llamado a la responsabilidad institucional del Órgano Legislativo, para que priorice el interés nacional por encima de intereses políticos sectoriales. “Esperamos que esta vez se comprenda la gravedad de la situación y se apruebe esta normativa, necesaria para avanzar en la salida de Bolivia de la lista gris del GAFI”, dijo el ministro.
Con este proyecto —agregó—, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y la protección del sistema financiero boliviano frente a usos ilícitos, poniendo a disposición de la Asamblea todos los insumos técnicos necesarios para su análisis y debate legislativo.