Un presunto traficante de jaguares fue aprehendido el fin de semana en la ciudad de El Alto por intentar comercializar un cráneo de esta especie por Bs 2.500, según informó el director nacional de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), Carlos Chispas. Esto ocurrió apenas días después de un fallo del Tribunal Agroambiental que dispuso medidas de protección para este animal y sus defensores.
El sujeto de 20 años fue encontrado en posesión de un ejemplar del felino, durante un operativo policial efectuado en la avenida Cochabamba, en la zona Cosmos 79 de la urbe alteña. El joven fue remitido a celdas de la fuerza anticrimen para brindar su declaración informativa y enfrentará un proceso penal por tráfico de vida silvestre.
Asimismo, las organizaciones de defensa del medio ambiente, Senda Verde y Alas Chiquitanas, confirmaron el hecho en un comunicado, luego de que la activista, Nadia Beller, anunciara en sus redes sociales que había logrado ubicar al presunto traficante mediante un grupo de WhatsApp de La Paz, donde estaba ofreciendo un jaguar entero.
“Cuando me comuniqué con él, alrededor de las 11 de la noche (del sábado), me dijo que ya lo había vendido. Sin embargo, me ofreció un cráneo de una caza anterior. Coordiné con él para supuestamente adquirirlo y así logré que aceptara entregármelo (el domingo), pasándome un QR (obteniendo así su nombre) y su dirección”, señala Beller en su publicación.
Según el portal noticioso Brújula Digital, la mujer relató cómo el sujeto fue aprehendido en flagrancia: “Cuando el individuo salió de su domicilio con el cráneo para supuestamente entregarlo, fue aprehendido en flagrancia (…) Este individuo confesó que habitualmente se dedica a la caza de jaguares, gatos monteses, venados y leones de montaña, lo que evidencia que no actúa solo”.
Según Senda Verde y Altas Chiquitanas, el presunto traficante también ofrecía el cuerpo de un cachorro de jaguar que habría sido vendido en Bs 5.000, por haberse comido 15 gallinas y gallos de su parcela.
“En defensa del jaguar y de la fauna silvestre, exigimos a Pofoma, a la Fiscalía de Medioambiente de La Paz y al Ministerio de Medioambiente, teniendo en cuenta el fallo del Tribunal Agroambiental del 23 de abril, que se realicen todas las investigaciones y las acciones pertinentes para que este caso sea juzgado como tráfico ilegal con la pena máxima de ocho años, según (establece) el Código Penal, y que se indague dónde se estarían llevando a cabo estos crímenes”, señalan las organizaciones ambientalistas.