El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconoció que tiene competencias para facilitar la puesta en libertad del ciudadano salvadoreño, Kilmar Abrego García, deportado por Estados Unidos tras lo que las propias autoridades estadounidenses reconocen como un «error administrativo», pero alegó que no puede enviarlo de vuelta al país norteamericano.
«¿Cómo podría yo devolverlo a Estados Unidos? ¿Fui yo quien lo introdujo ilegalmente en Estados Unidos?», planteó Bukele durante un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Bukele subrayó que no tiene la «competencia» para llevar a Abrego a Estados Unidos, pero también descartó que salga de la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). «No me gusta mucho liberar a terroristas» en el país, sostuvo.
«¿Quieren que volvamos a la liberación de criminales y que volvamos a ser la capital mundial del asesinato? Eso no va a pasar», recalcó Bukele.
VUELO DE VUELTA
En la misma reunión, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, manifestó la disposición de Estados Unidos de «aportar un avión» si El Salvador decidiera liberar a Abrego.
«Habría que hacer todo el papeleo adicional. Eso depende de El Salvador, si quieren devolverlo. No depende de nosotros. El Tribunal Supremo dictaminó que si El Salvador quiere devolverlo, nosotros facilitemos su vuelta. La facilitaríamos y eso se traduciría en un avión de vuelta», explicó.
El número dos del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, recordó igualmente que Abrego es ciudadano salvadoreño, por lo que sería «muy arrogante» que los medios de comunicación estadounidenses «dijeran a El Salvador cómo tratar con sus propios ciudadanos».
La Administración norteamericana considera que Abrego, afincado en Maryland y padre de familia, pertenece a la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización criminal centroamericana, pero sus abogados lo niegan.
Abrego fue deportado a mediados del mes de marzo pese a que un juez le otorgó en 2019 el estatus de protección temporal tras huir de El Salvador por la violencia de las pandillas. La Administración reconoció haberlo deportado por error, pero argumentó que carece de jurisdicción para repatriarle.
En este contexto, la jueza federal Paula Xinis ordenó la repatriación de Abrego, si bien la Administración Trump recurrió al Supremo para que bloqueara la orden. El Supremo respondido que la Administración debe «facilitar» el regreso de Abrego, pero no ordenó ninguna acción concreta al respecto.
Organizaciones de derechos civiles cuestionaron la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente y fue concebida para tiempos de guerra.(EP)