El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz rechazó ayer el pedido de cesar la detención preventiva del gobernador detenido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por lo que permanecerá recluido en la cárcel de Chonchocoro.
En la audiencia, la defensa de la autoridad cruceña no habría presentado la prueba documental que certifique que tiene alguna enfermedad, según informó el abogado Jorge Nina, representante de la exdiputada masista, Lidia Patty, quien se constituye en la parte denunciante del caso conocido como “Golpe de Estado I”, en los cuales se investigan los hechos de la crisis política entre octubre y noviembre de 2019.
La defensa del gobernador de Santa Cruz informó que Camacho padece de una condición de gravedad caracterizada por la inflamación de vasos sanguíneos, llamada síndrome de Churg-Strauss, la cual compromete su vida mientras se encuentra recluido.
“La estabilidad en su salud no desvirtúa la gravedad de una enfermedad”, puntualizó el jurista, Martín Camacho, en referencia a declaraciones del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien había afirmado que el detenido se encontraba estable.
Después de conocerse el fallo de tribunal, Camacho salió del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y fue trasladado nuevamente al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha.
El lunes 17 de febrero se tiene prevista la reinstalación del juicio por el caso “Golpe I”, en el cual también se encuentra implicado el excívico potosino, Marco Antonio Pumari.
DOS PROCESOS
Desde que fue privado de su libertad, a Camacho se le fueron sumando distintas causas judiciales, en las cuales denunció un supuesto uso de la Justicia para actuar en su contra. Entre ellos, se puede mencionar los procesos iniciados por el caso “Paro de 36 días” y el caso “Decretazo”.
Tras ser enviado a la cárcel con detención preventiva por dos procesos, ya se determinó que Camacho pueda defenderse en libertad con el beneficio de medidas sustitutivas en dos ocasiones: una, en el caso por el Decreto 373, en el que una jueza dispuso arresto domiciliario, arraigo y una fianza de Bs 20.000; la otra, es por el caso del “Carro bombero”. (EL DIARIO, con información de agencias)