La falta de mantenimiento en el embovedado Pasajahuira-Choqueyapu y de planes efectivos de prevención por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fueron la causa del desastre de Bajo Llojeta que provocó la muerte de una menor, según se desprende del informe técnico elaborado por el ingeniero Mario Galindo Queralt. Sin embargo, la Alcaldía ratifica que la responsabilidad recae sobre la empresa.
De acuerdo con el informe, las lluvias intensas de la noche del 23 de noviembre fueron el punto de inflexión, pero no la causa raíz. Durante más de 10 días previos, las precipitaciones habían saturado los suelos de la microcuenca Jarañapampa-Pasajahuira, lo que debilitó taludes y acumulando residuos arrastrados por el agua.
“El embovedado Pasajahuira-Choqueyapu, que debería haber servido como canal de desagüe, estaba completamente taponado. El agua, al no encontrar salida, se desbordó y buscó rutas alternas, inundando viviendas y avenidas como la Costanera y Los Sargentos”, explicó.
La imagen descrita por el perito revela que el embovedado Pasajahuira-Choqueyapu, que fue construido hace más de 20 años con graves deficiencias estructurales, no ha recibido el mantenimiento adecuado recientemente.
El informe de Galindo destaca la falta de mantenimiento sistemático como un detonante clave de la tragedia. “La Alcaldía de La Paz tenía la obligación de ejecutar un plan anual de limpieza y revisión del embovedado entre abril y noviembre de 2024. Este plan nunca se llevó a cabo”, afirma el documento.
Históricamente, los planes de prevención incluían inspecciones regulares, limpieza de residuos acumulados y monitoreo de posibles bloqueos en los canales de desagüe. Este año, sin embargo, la omisión de estas tareas convirtió al embovedado Pasajahuira-Choqueyapu en una trampa mortal.
El estudio revela que el embovedado Pasajahuira-Choqueyapu no solo estaba bloqueado por materiales naturales como tierra y barro, sino también por residuos sólidos, escombros de construcción, llantas e incluso dos vehículos abandonados que obstruían por completo el flujo del agua.
UNA CUENCA VULNERABLE Y SIN PROTECCIÓN
El informe también detalla las condiciones de la microcuenca Jarañapampa-Pasajahuira, un sistema hidrográfico marcado por pendientes pronunciadas, suelos inestables y una histórica acumulación de residuos.
“La falta de acciones preventivas agravó la vulnerabilidad de la cuenca. Durante años, los residentes han alertado sobre el riesgo que representaba la acumulación de materiales y la falta de limpieza del lecho del río. Esos llamados fueron ignorados”, señala el documento.
Además, el informe recalca que, en años anteriores, las gestiones municipales sí realizaban trabajos preventivos de gran envergadura, con maquinaria pesada y equipos especializados. Sin embargo, esas labores dejaron de ser prioridad en el último período.
Las imágenes capturadas por drones sobre el desastre natural muestran con claridad que el deslizamiento que se produjo en el cementerio Los Andes quedó asentado en los primeros 600 metros del río Pasajahuira y no tuvo incidencia sobre los eventos que se dieron 1,5 Km más abajo.
La riada, al encontrar un embovedado Pasajahuira-Choqueyapu taponado, provocó su salida en las avenidas Los Sargentos y Costanera, mientras que una parte significativa se estancó en el área habitada por más de 30 viviendas en el lecho del río, que se encontraban, como se señaló, a más de un kilómetro y medio de distancia del inicio del deslizamiento.
“El agua buscó salida de manera natural, y al no encontrarla debido a un embovedado completamente bloqueado, terminó afectando a quienes menos responsabilidad tenían en esta cadena de omisiones: las familias de Bajo Llojeta”, concluye el informe.
ALCALDÍA ACUSA A LA EMPRESA KANTUTANI
Por su parte, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, señaló que las investigaciones de la Fiscalía han identificado a la empresa Kantutani como principal responsable del desastre que afectó a la zona de Bajo Llojeta.
“La propia Fiscalía ha identificado 93 indicios en contra de la empresa Kantutani relacionados con el cementerio de Los Andes. Ellos son responsables de haber movido tierra, desviar el curso natural del río y utilizar escombros para construir plataformas en beneficio de su negocio. Estas acciones provocaron la mazamorra que afectó a Bajo Llojeta”, afirmó Barrientos.
El director enfatizó que las investigaciones deben centrarse exclusivamente en la empresa y sus acciones, descartando la necesidad de incluir a funcionarios públicos. “Consideramos que la investigación hacia funcionarios públicos ya no tiene fundamento, porque no corresponde a la responsabilidad de estos hechos”, añadió.
El fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez, confirmó que existen suficientes elementos para acusar a la empresa Kantutani y a Luis Enrique Gonzalo Iturralde, principal representante de la misma.
“La comisión de fiscales reunió 93 elementos de convicción suficientes para sustentar la imputación formal. Hemos solicitado la detención preventiva del acusado por 60 días en el penal de San Pedro”, informó Torrez.
El empresario enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado. Según la investigación, estas irregularidades habrían sido determinantes en el desastre que afectó a la comunidad. (Brújula Digital)