En un artículo publicado en la revista Perspectives in Ecology and Conservation, científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales del país debaten los retos y las soluciones necesarias con la mira puesta en la disminución de sus emisiones de CO2.
Brasil será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en el año 2025, la primera que tendrá lugar en la Amazonia. Y el país se encuentra en un momento crucial. Tiene aún la posibilidad de cumplir sus metas internacionales de disminución de sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero debe ajustar las acciones socioambientales y fortalecer las políticas enfocadas en salvaguardar sus bosques y restaurar sus biomas. Y éste precisamente es uno de los principales señalamientos que se desprenden de una investigación publicada en la revista Perspectives in Ecology and Conservation.
Dicho estudio, encabezado por científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) y del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), pone de relieve la necesidad de controlar la deforestación ilegal y la degradación de los biomas mediante la incorporación de una perspectiva orientada hacia los renovales o bosques secundarios, aquellos que crecen tras la remoción de la cobertura original.
El trabajo sugiere también reforzar y expandir las políticas que mantengan los servicios ecosistémicos. Este proceso debe estar acompañado por mecanismos consistentes de atracción de inversiones para financiar actividades de restauración y pagos de servicios ambientales en todos los biomas, incentivando iniciativas de bioeconomía y creando nuevas áreas de protección ambiental.
“Esta investigación fue un trabajo conjunto que apuntó a mostrar el panorama de desmonte, degradación y restauración de los biomas y sus relaciones con las metas globales de Brasil. Pusimos de relieve puntos importantes en este proceso para que el país ponga en la mira el desarrollo sostenible”, explica la doctoranda en el Inpe y primera autora del artículo, Débora Joana Dutra, becaria de la FAPESP.
Para la bióloga Liana Oighenstein Anderson, directora de tesis de Dutra e investigadora del Cemaden, aun cuando existen medidas preventivas, las mismas han venido siendo insuficientes ante el desafío que plantean los cambios climáticos. “Este es el caso de los incendios forestales registrados este año en la Amazonia y en el Pantanal. La prevención no fue suficiente para contener unas cifras alarmantes. Cuando efectuamos estimaciones como en esta investigación, nos da la sensación de que somos extremadamente conservadores frente a lo que la realidad nos está mostrando y ante los retos que se nos plantean”, le dice Oighenstein Anderson a Agencia FAPESP.
Brasil está registrando este año marcas inéditas de incendios. Entre enero y el día 4 de agosto, fueron 65.325 focos ígneos detectados en el país, la mayor cantidad en casi 20 años: el año con el número más alto hasta ahora había sido 2005 (con 69.184 en idéntico período), según datos del Inpe. Los biomas de la Amazonia y el Cerrado [la sabana brasileña] son los más afectados (con 28.396 y 22.217 respectivamente).
Entre enero y julio, el Pantanal tuvo 4.756 focos de calor, la mayor marca desde 1998, cuando se puso en marcha la serie histórica. Para dicho bioma, hasta este momento, el año 2020 representa el peor total anual de focos de quemas.
“En 2020, los incendios en la zona del Pantanal, en la región central brasileña, llamaron la atención del mundo y generaron a una serie de reacciones. El Ministerio de Ciencia y Tecnología creó entonces la Red Pantanal, por ejemplo, y a escala local, el estado de Mato Grosso do Sul instituyó un plan de manejo integrado del fuego. En 2023, el gobierno federal presentó un plan de manejo destinado a este bioma, y en abril pasado, Mato Grosso do Sul decretó el estado de emergencia. En otras palabras, hay un conjunto de acciones de gestión, gobernanza y regulación para intentar evitar los incendios, pero esto desafortunadamente no ha sido suficiente. Hemos logrado avances. Pero existe una necesidad de mejorar la gobernanza, las estrategias que se implementan y la financiación de las acciones. Hay que acelerar los pasos”, añade Oighenstein Anderson.
Luiz Aragao, coautor del artículo e investigador del Inpe, sostiene que esta investigación constituye una advertencia a la sociedad al respecto de las cuestiones relacionadas con las emisiones. “La sociedad debe afrontar este problema no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde una perspectiva socioeconómica. Todo está relacionado. Sucede que la deforestación es inductora del fuego, que a su vez genera problemas de salud para la población y degrada los bosques. Y un bosque deforestado y degradado tiene un menor potencial de proveer servicios ecosistémicos como los que conciernen al ciclo del agua y a su biodiversidad, que aseguran la calidad de vida de las poblaciones locales y tienen un influjo muy grande sobre las actividades económicas.”
Las alteraciones en el uso y en la cobertura de la tierra (la deforestación para la explotación agropecuaria y la degradación forestal, por ejemplo) constituyen las principales fuentes de emisiones en Brasil. Como uno de los más de 190 signatarios del Acuerdo de París, firmado en 2005, el país asumió el compromiso de ayudar a contener el aumento de la temperatura media global en un máximo de 1,5 °C con relación a los niveles preindustriales (entre los años 1850-1900), una marca que ha sido superada en los últimos meses.
El referido acuerdo, que pasará por una revisión durante la COP30, prevé que los países definan metas de disminución de sus emisiones para 2030, y Brasil se comprometió a reducirlas en un 53 % (en comparación con los niveles de 2005). Pese a ello, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) netas (una vez descontadas las extracciones) por alteraciones en el uso y en la cobertura de la tierra se duplicaron entre 2017 y 2022, de acuerdo con el Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Seeg). Con respecto a la restauración, Brasil tiene como meta restaurar 12 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que corresponde casi al área territorial de Portugal.
Las dificultades
En la investigación se consigna que uno de los retos consiste en contener el alza de la deforestación en todos los biomas. Los científicos hacen hincapié en el incremento de la extracción de vegetación autóctona desde que el país remitió sus metas en el marco del Acuerdo de París en 2016, al alcanzar índices cercanos o superiores a los 2 millones de hectáreas anuales (considerando los seis biomas).
Solamente en 2022, se desforestaron 2,8 millones de hectáreas, la mayor tasa desde 2008, impulsada fundamentalmente por la destrucción de la Amazonia y de la vegetación del bioma del Cerrado. Esto representaría un 23 % de la meta de restauración del país. Junto a esto, existe un déficit de aproximadamente 16 millones de hectáreas en extensiones de reserva legal situadas en propiedades rurales que requieren restauración forestal. De dicho total, más de la mitad se encuentra en la Amazonia y otro 25 % en el Cerrado.
Otro dato que cobra relieve en el estudio es la expansión de las áreas de bosques secundarios, que poseen una gran capacidad de secuestrar carbono de la atmósfera, pero que no cuentan con una legislación específica de protección. De acuerdo con esta investigación, crecieron en Brasil 5,46 millones de hectáreas de bosques secundarios entre 2017 y 2022 fuera de tierras públicas, un 40 % en la Amazonia y un 36 % en la zona del Bosque Atlántico. Pese a que este total representa casi la mitad de la meta de restauración del país, el mantenimiento del secuestro de carbono de los bosques secundarios corre riesgos, ya que los mismos se encuentran susceptibles a nuevas acciones de desmonte e incendios.
Los caminos
En el trabajo, los investigadores sugieren medidas que deben adoptarse, entre ellas el combate contra la deforestación ilegal mediante el fortalecimiento del andamiaje legal, la ampliación de las inspecciones y la determinación de responsabilidades. Se pone de relieve la necesidad de implementar medidas de prevención y de programas con miras a restaurar áreas de vegetación nativa a gran escala a través de la creación de incentivos económicos destinados a los propietarios rurales mediante el pago de servicios ambientales.
Estos incentivos serán importantes incluso para asegurar que áreas pasibles de desforestación legal permanezcan de pie. De acuerdo con el estudio, los biomas del Cerrado y la Caatinga [matorral xerófilo], en el nordeste brasileño, poseen las mayores áreas de vegetación autóctona sujetas a la deforestación legal. Para asegurar que los bosques secundarios logren contribuir a largo plazo con el secuestro de carbono, la investigación señala la necesidad de contar con una legislación nacional que expanda la protección de las mismas hacia fuera de las áreas de reserva legal o de preservación permanente.
“Lo que está haciéndose actualmente no es suficiente para cambiar. El clima global está distinto. No será posible resolver problemas ambientales bajo la presión de los cambios climáticos aplicando el modo de pensar del pasado. Debemos pensar en el futuro”, sostiene Aragao.
A través de su asesoría de comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio del Clima de Brasil informó que ha venido adoptado medidas para cumplir el compromiso de “deforestación cero en todos los biomas para 2030”. Entre ellas se encuentra el programa “La Unión con los Municipios”, lanzado en abril como parte del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm), con 785 millones de reales destinados a 70 municipios prioritarios (hasta este momento, fueron 48 los que firmaron el documento de adhesión). Otras acciones incluyen alteraciones de reglas del Consejo Monetario Nacional, como la restricción del crédito rural para propietarios con su Catastro Ambiental Rural (CAR) suspendido y con embargos e inmuebles superpuestos a Tierras Indígenas, Unidades de Conservación y bosques públicos no destinados.
Asimismo, el ministerio pone de relieve la recuperación del Fondo Amazonia, con nuevos contratos que suman 1.400 millones de reales y donaciones anunciadas que llegarían a los 3.100 millones de reales. Para el Cerrado se lanzó un Plan de Acción para la Prevención y el Control del Desmonte. Con relación a la restauración de los bosques, hace mención al Plan Nacional de Recuperación de la Vegetación Autóctona, con el objetivo de ampliar y fortalecer las políticas públicas, los incentivos económicos, los mercados, las tecnologías de recuperación y las buenas prácticas agropecuarias, que debe pasar por una actualización este año.
El futuro
Según Dutra, los próximos pasos de la investigación se orientan hacia el mapeo de las pérdidas y los impactos económicos de la destrucción de los bosques, en lo que constituye una profundización de los datos del actual trabajo.
“Vemos con suma relevancia la valuación de los impactos. La cuantificación de esos valores demostrará que resulta mucho más barato prevenir que reconstruir. Brasil trabaja con la respuesta a los eventos extremos y a las catástrofes, pero debe invertir en prevención”, dice Aragao.
Para Oighenstein Anderson, es importante mejorar el diálogo entre las instituciones –federales, estaduales, municipales, del tercer sector y de las comunidades locales–, amén de la necesidad de responsabilizar ante la inacción o la omisión en el desarrollo de los planes. “Nuestra capacidad de diálogo es todavía muy limitada, pues tropieza en sesgos políticos que se ubican muy aquende de lo que técnicamente podríamos hacer para avanzar rápidamente” … (Agencia FAPESP).