Observamos avasallamiento de tierras con protección policial, invasiones y deforestación por grupos afines al gobierno, ríos contaminados con mercurio y otros componentes químicos, sequías e inundaciones por culpa del cambio climático, y la negligencia gubernamental para minimizar los impactos de una catástrofe natural y mala gestión de las áreas protegidas por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. La desordenada ampliación de la frontera agrícola mediante la pérdida de bosques, es una cargada agenda ambiental que sobrepasó la capacidad de toma de decisiones de las autoridades en Bolivia.
¿Dónde están los resultados de gestión del Programa Mi Agua?
En varios proyectos y programas de Gobierno del ex presidente Morales, se detecta hasta la fecha varias irregularidades (Caso desfalco del Fondioc), como la existencia de cuentas bancarias, en las que se manejaba indebidamente recursos y firmas, que no coinciden en diversos documentos. Y quejas y denuncias son presentadas por afectados. Pero una denuncia llevó a la muerte a Marco Aramayo, torturado judicialmente solo por revelar corrupción en Fondioc. Pero la injusticia no llega ahí, Santos Cruz, ex Ministro de medio ambiente y agua, del actual mandatario Arce Catacora, fue acusado por actos de corrupción (Caso coimas). Ahí está la respuesta de por qué hoy nuestro país sufre una crisis hídrica de proporciones apocalípticas.
Bolivia entera está en la siguiente situación: “No todos los actos de corrupción y negligencia que son cometidos son detectados; no todos los casos de corrupción y negligencia que son detectados pueden ser probados; no todos los actos de corrupción y negligencia que son probados son sancionados”.
Nuestro país, tiene una complicada agenda medioambiental, pero no tiene las autoridades preparadas para afrontar los retos y desafíos ambientales que se vienen y son producto de la corrupción y negligencia del partido en función de gobierno. La complicidad de las autoridades y su ubicación en distintas áreas y niveles jerárquicos de la administración pública, secuestrada por el MAS, hacen posible el encubrimiento por parte del sistema de administración de justicia, que no hace otra cosa que agravar la situación del país.
El avasallamiento y el tráfico de tierras, son perpetrados por grupos afines al gobierno y son los llamados “interculturales”, hay dirigentes masistas dedicados al tráfico de tierras que pelean por la legalización de tierras privadas, fiscales y protegidas. Incluso existen hasta consorcios de abogados dedicados a estas actividades ilícitas; hasta los avasalladores se dan el gusto de agredir a policías, cada vez son más agresivos, gozan de la protección de la Policía Boliviana. Y el INRA, nada dice ni hace al respecto, por el contrario, da las coordenadas para que sean avasallados nuevos predios, con una precisión y agilidad espantosa, porque los mismos avasalladores, están en el poder.
La deforestación se pone peor cada año que pasa, la Autoridad de Fiscalización y Control social de Bosques y Tierra (ABT) solo anuncia procesos administrativos por desmontes y quemas ilegales, por otras infracciones, pero éstos no son efectivos ya que los verdaderos responsables del daño medioambiental son los mismos que están el poder.
La contaminación de los ríos y los riesgos para pueblos indígenas y comunidades y municipios cercanos a las zonas de influencia de proyectos mineros en todo el occidente del país, es un crimen. Y es que los ríos están contaminados con mercurio y otros componentes químicos, afectando la salud de toda la población Boliviana. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), no hace, ni dice algo, le ganó la minería ilegal. El Estado perdió el control y la autoridad, fue rebasado por las organizaciones sociales mineras que sustentan su poder, porque los verdaderos responsables de la catástrofe medioambiental, por culpa de la irracional extracción minera, hoy gozan del poder político y económico.
En cuando a las sequías y las inundaciones, las primeras son causadas por unas olas de calor nunca antes registradas en los últimos años y las segundas, por los desbordes de los ríos debido a las intensas lluvias. La sequía es una amenaza para la agricultura, pues desemboca en una crisis alimentaria y las inundaciones son una amenaza para el ambiente, la salud y la integridad de las familias bolivianas. Miles son damnificados y muchas viviendas son destruidas. Pero el Viceministerio de Medio Ambiente y cambio climático no tiene estrategias efectivas para minimizar el impacto de estos desastres naturales en todo el país.
Las Áreas protegidas de interés Nacional están totalmente abandonadas. Patrimonios naturales y culturales son avasallados por los traficantes de tierras, empresas mineras y actividades ilegales. Estas áreas protegidas por la CPE, están totalmente desprotegidas y descuidadas por sus autoridades de turno. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), debe ser mejorado. El Gobierno se aplazó, pues acepta que haya política extractiva, afectando a nuestros territorios, familias y, en especial, al Turismo. La lógica extractivista gubernamental del MAS, está matando a la industria sin chimeneas.
En conclusión, en este país el abusador, el narcotraficante, el contrabandista, el avasallador, el corrupto, es decir el delincuente, es protegido por autoridades corruptas y negligentes que no hacen cumplir la ley. Cuando una sociedad está en crisis, aumenta la presión hacia la conformidad, un mayor peligro exige una mayor integración. Bolivia va encaminándose hacia la desintegración, ese es el objetivo de nuestros enemigos internos y externos, porque quieren convertir a este país en una ficha o pieza de ajedrez, al cual puedan mover fácilmente cuando el juego de la política internacional así lo disponga. Aunque algunos me desprecien, alguien tiene que hablar, otros analistas no hablan al respecto, pero precisamente porque callan, yo debo hablar, esa es la tarea del politólogo y también del periodista comprometido con la verdad.
El impacto de la corrupción y la negligencia gubernamental se extendió más allá de las esferas de la vida pública, lo que impide el establecimiento de un Régimen transparente y efectivo.
Jhonny Vargas es Politólogo y Docente de Postgrado.
