La Constitución Política del Estado en el Art. 15.I establece: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. Sin embargo, este mandato constitucional no se cumple, principalmente el derecho a la Vida y la Integridad.
El Informe de la CIDH in sito, Nº 21, ha observado la intensificación de las protestas sociales en el país, como medio de la ciudadanía para expresar sus demandas y descontentos, y que fueron vulnerados los derechos a la vida, Ar.4.1.; a la integridad personal, Art. 5; a la libertad y seguridad personal; a la honra, dignidad y vida privada; así como las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, de reunión y libertad de asociación. Derechos fueron vulnerados por falencias normativas y la ausencia de independencia judicial.
En Bolivia, el consorcio de jueces y fiscales no tiene sanción por incumplimiento de deberes, solo son destituidos algunos. Recordemos que la magistrada Pacajes salió absuelta, pese a dictar condena sabiendo la inocencia de un acusado. En casos de jueces corruptos, sometidos al poder político, y sin criterio moral para actuar, vemos que algunos quedan IMPUNES. Mencionemos algunos casos conocidos:
1.- Marco Aramayo denunció corrupción en el Fondo Indígena, pero se le inició más de 200 procesos, durante 7 años de encierro en 56 cárceles del país. Unas 60 veces fue cautelado ante 84 jueces, sin pruebas, y él decía que fiscales y abogados eran sus “verdugos”. Salió de la cárcel directo al hospital, donde murió el 19 de abril de 2022.
2.- Fredy Sandro Rivero fue declarado “testigo protegido” en el caso ABC, de acuerdo con la Ley 458 de protección de denunciantes y testigos. Se le otorgó esta condición el 30 de agosto de 2022. Pero el ministro Lima se dedicó a hostigarlo y a perseguirlo. Rivero había dicho que revelar su identidad iba a ser su sentencia de muerte. Y murió en “accidente”.
3. El abogado Balcázar fue uno de los defensores legales de Luis Fernando Camacho y en reiteradas ocasiones brindó información sobre la situación del gobernador cruceño. Murió al caer del 11 piso de un Edificio en Santa Cruz.
4.- El Interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, dijo que estaba realizando la revisión de los estados financieros para determinar la situación en la que estaban las cuentas de esa entidad bancaria. Hace poco, Colodro cayó desde el piso 15 del edificio Ambassador, en Santa Cruz y murió. Él estaba trabajando; el último dato de los familiares refiere que tenía la urgencia de honrar el pago de salarios a los trabajadores de la entidad intervenida, como lo prometió. No sabemos qué empezó a descubrir, como los intereses de colusión entre los ejecutivos del Banco, a quién no le conviene que se sepa lo que ocurre en el Banco Fassil.
5.- Por 36 feminicidios, la mayoría en la impunidad, quedaron huérfanos en indefensión, y muchos feminicidas siguen libres.
6.- En cuarteles, 63 muertes y casos de tortura a conscriptos están impunes, familiares denuncian agresiones de los superiores y dudan de cómo murieron los conscriptos. Los casos de tortura en la Policía y las FFAA suman 900, de 2013 a 2021, según la Defensoría del Pueblo.
7.- Recordemos la injusta detención preventiva de César Apaza de Adepcoca, de Freddy Machicado y otros que rechazaron el funcionamiento del mercado ilegal de coca en La Paz.
8.- Es conocida la “persecución” política, al amparo de la justicia corrupta, contra la dirigencia del Comité Cívico Potosinista, por lo que Marco Pumari sigue en la cárcel, Juan Carlos Manuel falleció en la clandestinidad, Ramiro Subia permanece oculto.
9.- Agresiones físicas, contra las vidas de periodistas en “Las Londras”, donde avasalladores interculturales armados, sector afín al Gobierno, secuestraron y amenazaron a periodistas que reportaban la toma ilegal de tierras en Santa Cruz. No existe ni una persona sentenciada actualmente, pese a que los comunicadores identificaron plenamente a sus agresores. Un periodista de Unitel en Santa Cruz fue brutalmente golpeado por los avasalladores, que gozaban de resguardo policial en el conflicto por el Censo de Población y Vivienda 2023.
Por todo ello exigimos cumplir con que el acceso a la justicia es un Derecho Humano, pilar fundamental del Estado de derecho. Que todos se sometan al imperio de la Constitución y la Ley.
La autora es Abogada – Economista, ex Asambleísta Constituyente.