Sascha Hannig
¿Es peligroso para los países latinoamericanos implementar tecnología china? Por la pretensión de Estados Unidos de prohibir la aplicación TikTok, y no hace mucho, la polémica por los globos espías que rondaron América Latina, surgen inevitables preguntas sobre el alcance de la tecnología de la República Popular de China y sus consecuencias para la seguridad nacional o para la privacidad de los ciudadanos de la región. Voces críticas advierten sobre los múltiples riesgos hipotéticos que implica, pero aportar evidencias que apoyen esta acusación no es tan sencillo.
Se apunta, por ejemplo, a la recopilación y manejo de los datos personales de los usuarios, incluida su ubicación o los patrones de escritura, así como a una legislación china que obliga a organizaciones e individuos chinos a “apoyar y cooperar” en los esfuerzos de las agencias de inteligencia de su país. También se cuestionan los estándares chinos en cuanto a la protección y soberanía de los datos, de las posibles consecuencias del uso y del manejo de tecnologías desarrolladas en regímenes autoritarios. Todos estos factores deben ser discutidos. Las respuestas, aunque incipientes, no deben buscar la censura ni el ataque directo, sino encontrar formas en que los derechos de los ciudadanos y la seguridad nacional estén garantizados.
En el centro de esta polémica está la discusión de las redes 5G. Esta tecnología, que habilita conexiones a internet de manera remota y con una velocidad nunca vista, fue la punta de lanza de una discusión que, a finales de 2018, llevó a Australia a prohibir la participación de empresas como Huawei y ZTE en las redes nacionales. Al país oceánico le siguieron otros: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Vietnam, India, Noruega o República Checa. Aunque la polémica no recibió en América Latina tanta atención como la contemporánea guerra comercial entre Washington y Beijing, los efectos de esta acción abrieron una caja de Pandora en el mundo desarrollado.
En Europa, donde la estricta legislación y los altos estándares en torno a la protección de datos penalizaron a empresas como Facebook o Google, la irrupción de las tecnológicas chinas rápidamente levantó críticas. Especialmente tras los cambios en la regulación de ciberseguridad en China, que obliga a sus empresas, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, a facilitar los datos al gobierno. En otras palabras, ¿por qué sería Alphabet, propietaria de Google, un peligro para los ciudadanos europeos, pero no una empresa obligada a romper por ley acuerdos de confidencialidad con sus clientes con fines como la persecución de disidentes o los intereses del gobierno chino?
En América Latina la discusión sobre esta tecnología continúa incipiente, sobre todo porque la mayoría de países (excepto por Chile, Brasil y Argentina hasta cierto punto) se encuentran aún en adjudicación y discusión en lo que respecta a qué actor proveerá el servicio. De momento, por una multiplicidad de factores Huawei no se ha instalado como el principal actor, siendo proveedores como Nokia o Ericsson los elegidos por las principales operadoras de la región –Movistar, Claro– o las nacionales como Entel Chile. Las advertencias de la sociedad civil, medios, opinión pública o actores globales han empujado a los mismos operadores a considerar su rol internacional.
Aunque esto puede cambiar. Las empresas chinas continúan teniendo un poder y una ventaja comparativa sobre la mayoría de sus competidores, tanto en precio como en flexibilidad de servicios, ambas características atractivas para países en vías de desarrollo con prioridades diversas. En medio de esta disyuntiva, los gobiernos actúan de momento con cautela por la incómoda posición geopolítica y económica en que la rivalidad entre China y Estados Unidos les ha colocado.
Aunque la irrupción de China en el 5G latinoamericano es aún modesta, la presencia real de Beijing en el escenario tecnológico es relevante. Desde el mercado privado, con teléfonos personales, aparatos de conectividad o la instalación de tiendas de hardware, hasta el mercado público, con servicios de reconocimiento, cámaras de vigilancia y cables de fibra óptica, el régimen comunista está lejos de retirarse de la región. Este hecho queda a veces relegado, sobre todo porque no existe una urgencia inmediata por entender cuáles son los riesgos de otorgar acceso a esta cantidad y calidad de datos a un gobierno autoritario.
El acceso que los países otorgan a empresas internacionales a datos de sus ciudadanos debería ser objeto de preocupación. Saber, por ejemplo, la rutina, gustos, pero incluso información médica individualizada de los habitantes de un país puede dar a quien controla la información un poder amplificado, no solo sobre los individuos, sino también sobre el Estado en general. Cuando esta información atañe a grupos concretos, vulnerables, disidentes o figuras de gobierno, la sensibilidad de la filtración de estos datos es más preocupante. Sobre todo, cuando quien tiene acceso a esos datos es un país extranjero y autoritario sin contrapesos ni transparencia.
Las advertencias son claras. Las garantías que el gobierno de China, o cualquier gobierno autoritario, pueden dar a países latinoamericanos es limitada. Países amigos de Beijing, como Venezuela, han sido cómplices y han cooperado con empresas chinas como ZTE para vigilar y controlar a sus ciudadanos. En Ecuador, la compra y uso de cámaras de vigilancia tuvo un destino similar. Mientras, en Chile ha habido discusiones públicas al respecto. La adjudicación del manejo de los pasaportes y el servicio de identificación ciudadana por el Registro Civil a la china AiSino acabó con el Ejecutivo chileno retractándose de su decisión. Esto, en parte por irregularidades y en parte por la alerta que Estados Unidos levantó al respecto. Menos se habla de la construcción de un cable de fibra óptica con Asia Pacífico, donde la vía por Japón superó la oferta de Beijing y de la vía Austral que Huawei se adjudicó junto a WOM.
Por supuesto, las prioridades de cada sociedad son muy distintas, y China tiene ventaja de costos, y flexibilidad de sus productos. Sin embargo, es momento de que este debate llegue a la región en general, y no de manera local o proyectos específicos. Después de todo, una característica que estas tecnologías no comparten con megaproyectos como puentes o hidroeléctricas, es la inter-conectividad. Por tanto, lo que ocurra en un país acabará inevitablemente afectando al resto de la región.
Sascha Hannig es Analista internacional especializada en tecnología y Asia Pacífico y colaboradora de “Análisis Sínico” en www.cadal.org
